El diplomático mexicano Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó ayer en Tegucigalpa al instalar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que el inicio de labores de esa instancia expresa “un enfoque hemisférico” para incorporar a “la transparencia, la rendición de cuentas y el castigo a los infractores como valores esenciales del sistema democrático”.
“Nunca los ciudadanos más humildes se benefician con la corrupción”, dijo Guerrero al representar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un acto ante el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En un informe que entregó ayer a EL UNIVERSAL, la OEA precisó que “según cálculos conservadores” de la MACCIH, al menos 450 millones de dólares “desaparecen anualmente en actos de corrupción, recursos que podrían utilizarse en favor de la lucha contra la pobreza en Honduras”.
Tras una negociación multipartidista y con la sociedad civil desplegada desde hace siete meses ante el estallido de emblemáticos casos de corrupción, la MACCIH fue creada para desplegar una intensa labor que tocaría fibras sensibles de influyentes poderes políticos de los partidos tradicionales, el Nacional y el Liberal y sus nexos con vastas redes empresariales. Es una “iniciativa sin precedentes” para reformar la justicia en un país en el que “el pueblo le dijo basta a la corrupción”, precisó la OEA.
Entre los miembros de la MACCIH figuran el peruano Juan Jiménez Mayor, vocero, representante de Almagro y ex primer ministro de Perú; el alemán Jan-Michael Simon, asesor principal de la misión, y el mexicano Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, experto en financiación de partidos políticos y campañas electorales.
El referente de la misión es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por la ONU e instalada en 2007.