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El presidente argentino Mauricio Macri anunció el lunes un plan de modernización del Estado que busca agilizar los trámites administrativos, transparentar las compras gubernamentales y formar adecuadamente a los empleados públicos.
"El Estado tiene que estar al servicio de la gente y no puede actuar como si fuera un aguantadero de la política", dijo Macri en una conferencia de prensa al anunciar el plan que se pondrá en marcha bajo la batuta del ministerio de Modernización, que encabeza Andrés Ibarra.
Según el mandatario, un conservador que asumió el poder hace más de dos meses en reemplazo de Cristina Fernández (2007-2015), el plan contemplado en un decreto "tiene que ver con la recuperación de los recursos humanos, la tecnología, volver a recrear la carrera pública, los concursos, la formación sistemática".Dos de los objetivos principales serán fomentar la transparencia del Estado y el acceso a la información para que los ciudadanos sepan qué se hace con sus recursos, según explicó.
Macri se lamentó que en áreas como "transparencia y acceso a la información" el país esté mucho más atrasado que otros vecinos, como Uruguay.
A modo de ejemplo de este plan de modernización, el presidente mencionó la posibilidad de "tener aplicaciones en los móviles (celulares) que nos permita acceso rápido a solucionar problemas y una plataforma pública de compras para que sepamos qué se hace con nuestro dinero".
A su vez, el ministro de Modernización se lamentó que en los últimos años las distintas administraciones públicas fueron transformadas en "verdaderos reservorios de mala praxis de la política, que es financiar cierto tipo de militancia con dinero público".
"Se terminaron los trámites eternos", sentenció Ibarra, al señalar que el propósito es "despapelizar (sic) a la administración y agilizar los trámites externos ...que permitan al ciudadano desde una licencia para conducir o un trámite para el hospital".
En gobierno de Macri se ha propuesto achicar el Estado por considerar que la última administración lo sobredimensionó. Recientemente reconoció 6.200 despidos de empleados públicos y advirtió que podría ordenar más, lo que ha puesto en pie de guerra al principal sindicato de estatales que anunció una huelga general para el miércoles.
Los despidos corresponden a las áreas del Poder Ejecutivo y, según Ibarra, se trataron de casos justificados en los que se comprobó que había personas que "directamente no concurrían a su lugar de trabajo".
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado en tanto que en los últimos dos meses se han producido más de 20.000 despidos "en todas las modalidades de contratación existentes en los tres niveles del Estado, a lo que se suman jubilaciones compulsivas".
