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El gobierno del condado propietario del iPhone involucrado en la disputa legal entre Apple Inc. y el Departamento de Justicia pagó pero nunca instaló una función que habría permitido que el FBI desbloqueara fácilmente el dispositivo que es centro de la investigación a los tiroteos de San Bernardino, California, en que murieron 14 personas.
Si la tecnología, conocida como manejo de dispositivos móviles, se hubiera instalado, las autoridades de San Bernardino habrían desbloqueado el iPhone de forma remota sin la disputa legal montada por el FBI en la que se enfrentan los derechos de privacidad digital y los temas de seguridad nacional.
El servicio cuesta cuatro dólares mensuales por teléfono.
En su lugar, la única persona que conocía el código de desbloqueo del teléfono es el fallecido agresor, Syed Farook, quien trabajaba como inspector en el departamento de salud pública del condado.
El iPhone asignado a Farook también carecía de la característica de Touch ID, lo que significa que el FBI tampoco puede utilizar las huellas dactilares del agresor para acceder al dispositivo. Las autoridades federales encontraron el teléfono en un automóvil luego de los tiroteos.
Un magistrado federal ordenó la semana pasada que Apple le facilitara al FBI un software altamente especializado que se instalaría en el iPhone 5C de trabajo que utilizaba Farook, quien falleció junto a su esposa en un tiroteo con la policía luego que asesinaran a 14 personas en diciembre pasado.
El software le ayudaría al FBI a ingresar al teléfono al saltarse una demora de seguridad y anular la característica que borra todos los datos luego de 10 intentos fallidos consecutivos de intentar adivinar el código de desbloqueo. Ello le permitiría al FBI utilizar la tecnología para probar números de manera veloz y repetida, en lo que se conoce como un ataque de fuerza bruta.
El FBI quiere determinar si Farook utilizó su teléfono para comunicarse con otras personas con respecto al atentado.
Apple indicó que apelará el fallo y tiene hasta el viernes para intervenir en la corte.
San Bernardino tiene un contrato vigente con un proveedor tecnológico, MobileIron Inc., pero no instaló su función en ninguno de los teléfonos de sus inspectores, dijo el portavoz del condado, David Wert. No existe una política en el condado referente al asunto por lo que cada dependencia toma sus propias decisiones.
Wert desechó la valía de la tecnología de manejo remoto, porque señaló que Farook o cualquier otro empleado del condado la habría podido eliminar de forma manual. Eso habría alertado a los empleados tecnológicos del condado, que habrían tenido que intervenir.
En muchas oficinas y aulas, los smartphones entregados por autoridades traen instalado el manejo de software. Puede desbloquear el teléfono, borrar información en caso de robo o extravío, rastrear la ubicación física del dispositivo, determinar qué aplicaciones instalar, revisar el nivel de carga de la batería e instalar aplicaciones. La tecnología tiene el objetivo de que esos productos sean más apropiados a ambientes corporativos, en donde los controles más estrictos son importantes para proteger secretos de la compañía.
"Este es el caso que presentan las empresas" para instalar el manejo de dispositivos móviles, dijo John Dickson director en Denim Group Ltd., una consultora de seguridad. "La organización simplemente no tiene control o influencia sobre el dispositivo a menos que tengan algún tipo de autoridad en manejo de dispositivos móviles. La capacidad de hacer actualizaciones, borrar aplicaciones, controlar algunas funciones de manera remota. Esas son las cosas frecuentes que se hace con este tipo de administración de dispositivos móviles".
"El asunto a partir de este punto, en este caso, es por qué este tipo tenía un dispositivo que, esencialmente, no estaba controlado", añadió.
Esta es la primera ocasión desde que el condado entregó su primer Blackberry en 2003 en que las autoridades han requerido el acceso a un teléfono bloqueado que es propiedad del condado, comentó Wert. Los fiscales señalaron en documentos de la corte que han dado el consentimiento para que se investigue el teléfono. La política del condado indica que los dispositivos digitales pueden ser investigados en cualquier momento y que Farook firmó dicho acuerdo.
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