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La mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer en primera discusión una ley de amnistía que busca liberar a un grupo de dirigentes políticos presos y que cuenta con el rechazo adelantado del presidente Nicolás Maduro.
El proyecto de ley recibió el visto bueno de la bancada mayoritaria, que lo sometió a discusión en las últimas dos semanas, mientras que el oficialismo votó en contra, alegando que plantea una “insurrección” contra el Estado venezolano.
Tras varias horas de debate en la plenaria, el presidente del foro legislativo, Henry Ramos, dijo que la justicia en el país “no es transparente”, al cuestionar los recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Tendrá que rendir cuentas al país”, señaló y afirmó que el TSJ se han convertido en el “fusil” de Maduro en casos polémicos.
La diputada opositora Delsa Solórzano presentó el proyecto y señaló que esta ley también propone una amnistía laboral para empleados públicos despedidos por razones políticas. Recordó que en 2002 el entonces presidente Hugo Chávez despidió a varios miles de trabajadores de la industria petrolera por haberse sumado a una huelga.
La aprobación de la ley de amnistía y reconciliación nacional fue saludada con gritos de “libertad, libertad” desde la bancada opositora, que presentó como oferta electoral pasarla para que los dirigentes presos como Leopoldo López y Antonio Ledezma recuperen la libertad.
En cambio, el diputado oficialista y ex jefe de la Asamblea, Diosdado Cabello, señaló: “Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni ejecutada”.
“Llamo al pueblo de Venezuela y a los diputados y diputadas de la patria al debate nacional e internacional. Vamos a convertir esta aberración de ley de amnesia criminal en un debate nacional y vamos a desenmascarar esta propuesta, que no genera otra cosa que una insurrección contra el Estado de derecho”, aseveró el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez. La ley será sometida a una segunda discusión en la cámara antes de su aprobación definitiva. Maduro dijo de antemano que no la promulgará; puede rechazarla en dos oportunidades, ante lo cual la Asamblea podría promulgarla como una resolución legislativa.
Ayer mismo, un tribunal ordenó el enjuiciamiento de Ledezma por presuntamente apoyar a grupos que pretendían desestabilizar al gobierno venezolano y acordó que permanezca bajo arresto domiciliario mientras enfrenta el juicio. Por los cargos que se le imputan, incluyendo “conspiración para la rebelión”, podría enfrentar una condena de 16 años de prisión.
