La infanta Cristina de España volvió ayer a sentarse como acusada ante una corte de Palma de Mallorca, al inicio del juicio oral por un caso de fraude fiscal que se centra en los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin, y que ha dañado la imagen de la familia real.
La hermana mayor del rey Felipe VI fue el primer miembro de la casa real española en sentarse en el banquillo de los acusados en una audiencia preliminar en enero, y ahora se enfrenta a un juicio oral por dos cargos como supuesta cooperadora necesaria en fraude fiscal tras el rechazo de la apelación de sus abogados. Cristina será la última de los 17 acusados en el llamado caso Nóos que testificará en la corte de Palma, previsiblemente a finales de febrero.
Todos los acusados, incluido Urdangarin, deben estar presentes durante las declaraciones, por lo que ayer ella y su marido acudieron juntos.
En este segundo día de audiencias, el ex responsable regional del área de Deportes de la región de Baleares, José Luis Ballester, declaró que la contratación del Instituto Nóos, que presidía Urdangarin y al que supuestamente se desviaron 6.6 millones de dólares de dinero público, se hizo “sin cuestionar” lo que costaban sus servicios.
El acusado aseguró que fue él quien presentó a Urdangarin al ex presidente regional de las Islas Baleares Jaume Matas —actualmente en prisión por varios casos de corrupción—, para que le presentara varios proyectos deportivos.
Ballester cree que el cuñado del rey de España “utilizó” su amistad para conseguir contratos con la administración pública, como fueron el contrato del patrocinio de un equipo ciclista o la organización por parte del Instituto Nóos de dos foros sobre deporte y turismo (2005 y 2006) en las Islas Baleares, por unos 2.4 millones de dólares.
Matas aprobó esos contratos y, según Ballester, se falsearon actas para dar forma a estas órdenes personales y directas del ex presidente de la región.
Urdangarin está acusado de nueve delitos relacionados con este caso, que podrían alcanzar hasta 19 años y medio de cárcel. Los cargos por los que se acusa a la infanta conllevan penas de hasta ocho años de cárcel. La pareja, que tiene cuatro hijos, niega haber cometido delitos.