El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ultimaba ayer un paquete de medidas ejecutivas para tratar de reducir la violencia causada por las armas de fuego en el país, que desvelará previsiblemente este martes y de las que dijo que “potencialmente salvarán vidas” ante la inacción del Congreso.
“Tenemos que hacer algo en este país para hacer frente a las consecuencias del fracaso del Congreso” a la hora de legislar para evitar que, como ocurre ahora, 30 mil estadounidenses mueran cada año en incidentes con armas de fuego, según explicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de Obama, Josh Earnest.
Poco después, Obama se reunió en la Casa Blanca con la fiscal general del país, Loretta Lynch, y el director del FBI, James Comey, entre otros funcionarios y asesores, para recibir una serie de recomendaciones sobre cómo endurecer por decreto el control de la compraventa de armas de fuego.
En unas breves declaraciones a los periodistas desde el Despacho Oval, Obama adelantó que dará a conocer sus medidas ejecutivas “en los próximos días”, aunque la mayoría de los medios sostiene que el anuncio será este mismo martes.
En privado, los asesores del presidente planean ampliar las revisiones de antecedentes penales para quienes deseen comprar un arma, obligando a las tiendas especializadas a registrarse con el gobierno.
Actualmente, las ventas de armas entre particulares, muchas de ellas en ferias o entornos informales, no requieren una revisión de los antecedentes criminales y de salud mental del comprador, por lo que un gran volumen de adquisiciones escapa al control de las autoridades federales.
Ante las numerosas masacres que han ocurrido en los últimos años, Obama está concentrando sus esfuerzos en un objetivo que su gobierno no ha podido cumplir. Intentó lograrlo por la vía legislativa en 2013, pero ese esfuerzo se desmoronó ante la resistencia de legisladores republicanos.
Antes incluso de conocer los detalles del plan de Obama, el líder republicano Paul Ryan, que preside la Cámara de Representantes del Congreso, acusó al mandatario de querer restringir el derecho “fundamental” a portar armas que tienen los estadounidenses.
En un comunicado, Ryan criticó el “desdeño” mostrado por Obama, “desde que era candidato” a la Casa Blanca en 2008, por “los estadounidenses que valoran la Segunda Enmienda” de la Constitución. Al igual que Ryan, la mayoría de los aspirantes a la nominación presidencial republicana para las elecciones del próximo noviembre han anticipado su oposición a las medidas ejecutivas de Obama.
Ante la certeza de que lloverán las críticas al respecto, la Casa Blanca armó sus argumentos minuciosamente a fin de asegurarse de que sobrevivan a cualquier impugnación judicial. Obama insistió en que está actuando “totalmente ajustado a mis facultades legales”. “Estoy también confiado en que las recomendaciones que me formuló mi equipo están perfectamente en sintonía con la Segunda Enmienda y el derecho constitucional de la gente a portar armas”.
Dijo que respetaba “la arraigada tradición de poseer armas” en Estados Unidos, pero aseveró que incluso cazadores y otros portadores de armas “quieren asegurarse de que las armas no vayan a caer en manos equivocadas por la razones equivocadas”.
Además, añadió que en breve hablará ante la opinión pública de la nación sobre estas acciones, aludiendo a un foro público en el que participará este jueves en la Universidad George Mason, en el vecino estado de Virginia.