Varias organizaciones de inmigrantes y organismos oficiales de países centroamericanos lamentaron ayer las informaciones sobre las detenciones registradas el fin de semana en Atlanta, Estados Unidos, de centroamericanos con órdenes de deportación, lo que ha despertado la alarma entre los indocumentados.
“Las acciones en contra de la comunidad inmigrante por parte de ICE y la Administración de [Barack] Obama son negligentes, inhumanas, y absurdas”, señaló Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
“Nosotros consideramos que sí es el inicio [de las redadas], sobre todo si [los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas o ICE] se tomaron el tiempo en un sábado para hacer estas detenciones”, dijo Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Derechos Humanos de Georgia.
Las organizaciones por los derechos de los inmigrantes han visto con preocupación las informaciones sobre el arresto de por lo menos cinco familias de indocumentados en el área de Atlanta, entre las cuales figuraron la hondureña Ana Lizeth Mejía, de 30 años, y su hijo William Alexander, de 9 años. La mujer fue detenida en casa de su tía Joana Gutiérrez, quien dijo que recibió una llamada telefónica de su sobrina desde un centro de detención de Texas, a donde fue trasladada la noche del sábado junto con otras 47 personas.
Expresó temor por la vida de su sobrina si es deportada a Honduras, de donde salió huyendo después de que su esposo y su hermano fueron asesinados a manos de pandilleros.
“Esta familia tenía aún plazo para someter un recurso [legal] y en el afán de cumplir estas ordenes se están cometiendo errores”, afirmó Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés).
Las detenciones de ayer ocurren poco después de que los diarios The Washington Post y The Wall Street Journal, citando fuentes anónimas, informaran sobre una campaña que preparaba el ICE para deportar a miles de familias de inmigrantes, sobre la cual el gobierno no se ha pronunciado.