Las autoridades sauditas ejecutaron ayer a 47 personas condenadas por terrorismo, conspiración e incitación a la violencia, entre ellas el clérigo chiíta opositor Nimr Baqir al-Nimr, en una demostración de mano dura que encendió la ira de la comunidad chiíta en Medio Oriente.
Una de las reacciones más duras provino de Irán. Anoche, la embajada saudita en Teherán fue atacada por manifestantes, en medio de una protesta masiva, que incendiaron partes del edificio y destruyeron otras. Las fuerzas de seguridad lograron controlar la situación. Irán —rival chiíta de Arabia Saudita, que es sunita— reaccionó con indignación a la ejecución del clérigo. “En lugar de ocuparse de los terroristas [del Estado Islámico], que ponen en peligro a la región y al mundo entero, los sauditas ejecutan a una figura como Al-Nimr”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Yaber Ansari.
El ayatolá Ahmad Khatami, uno de los clérigos más importantes en Irán, advirtió que “esta sangre pura manchará a la Casa de Saud —nombre de la familia regente saudita— y los borrará de las páginas de la historia”.
El Ministerio saudita de Asuntos Exteriores convocó al embajador iraní en Riad para protestar por “las declaraciones agresivas” de Teherán.
La ejecución masiva y simultánea, realizada en 12 zonas del país mediante decapitaciones por sable y fusilamientos, es la mayor realizada en décadas en el reino saudita, donde desde la llegada al trono de Salman bin Abdelaziz a principios de 2015 se ha disparado la aplicación de este tipo de castigos.
El año pasado se realizaron 150 ejecuciones en el país que sigue una estricta versión de la sharia o ley islámica, según organizaciones de derechos humanos, una cifra muy superior a las 90 de 2014. La mayoría de los ejecutados ayer —45 sauditas, un egipcio y un chadiano— son extremistas sunitas, algunos destacados miembros de la red terrorista Al-Qaeda, pero entre ellos figuran también cuatro chiítas como Al-Nimr. Algunos de los ataques imputados a los sunitas tuvieron lugar en 2004 en complejos residenciales occidentales en Riad; otros fueron contra empresas petroleras, el Ministerio del Interior o el Consulado estadounidense en Yeda en 2005.
La campaña terrorista lanzada por algunos grupos para desestabilizar al régimen saudita en mayo de 2003, que fue contestada con una lucha sin cuartel de las fuerzas sauditas, causó decenas de muertos. La minoría chiíta también ha sido blanco de las autoridades, después de que entre 2011 y 2013 se registraran manifestaciones y ataques contra la policía en la región de Al Qatif, de mayoría chiíta. Al-Nimr fue detenido en julio de 2012 por apoyar los disturbios y a grupos terroristas contra las autoridades sauditas en Al Qatif.
Su condena a la pena capital fue confirmada en octubre por el Tribunal Supremo, que lo culpó de desobedecer a las autoridades e instigar a la violencia sectaria, lo que levantó las críticas de la comunidad chiíta. También fue muy polémica la condena a muerte contra su sobrino Ali Mohamed al-Nimr y otros dos jóvenes chiítas, detenidos cuando eran menores de edad.
En Líbano, el grupo chiíta Hezbolá responsabilizó a Estados Unidos por la ejecución, al ser un aliado del régimen saudita, e instó a la comunidad internacional a condenar ese “crimen odioso”. Por su parte, el vicepresidente del Consejo Superior Chiíta, el jeque Abdul Amir Qabalan, calificó la acción de “grave error” y “acto peligroso”, un “crimen contra la humanidad que tendrá repercusiones en los próximos días”.
En Bahréin, la mayoría chiíta se lanzó a las calles y protagonizó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes enarbolaron fotografías de Al-Nimr y entonaron lemas que pedían la muerte para la familia gobernante saudita Al Saud y contra la monarquía bahreiní, que profesa el islam sunita.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, condenó “el uso de la pena capital en todas las circunstancias y en particular en casos de ejecuciones en masa”, y alertó de que lo ocurrido puede aumentar las tensiones sectarias en la región.
En Estados Unidos, John Kirby, portavoz del Departamento de Estado, externó la preocupación del país tras las ejecuciones y llamó al gobierno saudita, a través de un comunicado, a “respetar y proteger los derechos humanos, y garantizar procedimientos judiciales justos y transparentes en todos los casos”.
Las autoridades sauditas defendieron su decisión. “Estos individuos habían cometido grandes crímenes, que incluyen asesinatos, fabricación de bombas o instigación de ambos para desestabilizar y extender el pánico entre la sociedad”, aseguró Abdulaziz al Asheikh, el gran Muftí de Arabia Saudita, la máxima autoridad religiosa del reino. El gobierno afirmó que a todos los acusados se les sometió a juicios justos.