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Naciones Unidas anunció el lunes un programa piloto financiado por Estados Unidos para apoyar la lucha anticorrupción en El Salvador, meses después de que el Gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén rechazó crear un ente investigador como el que tumbó al ex presidente guatemalteco en 2015.
El proyecto, con un plazo de tres años por un monto desconocido, apoyará a las autoridades y sociedad civil, pero sin capacidad investigativa como la de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo trabajo mano a mano con la Fiscalía local destapó el mayor escándalo de malversación en la historia del vecino país.
El plan fue consensuado por las autoridades salvadoreñas con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dijo Mónica Mendoza, coordinadora de la iniciativa.
"Esto no es una CICIG", dijo Mendoza a Reuters para tomar distancias del ente respaldado por la ONU en Guatemala que, liderado por el ex juez colombiano Iván Velásquez, se ha convertido en un polémico referente en la lucha anticorrupción en Centroamérica.
"Nosotros no vamos a investigar casos, pero vamos a trabajar con los organismos que investigan. Es darle las herramientas técnicas para que conozcan escenarios de corrupción y que ellos hagan su trabajo", aseguró.
Estados Unidos intentó sin éxito el año pasado convencer a Sánchez Cerén para crear un ente como la CICIG, cuyo trabajo llevó a la dimisión y arresto del ex mandatario Otto Pérez Molina, acusado de liderar una poderosa mafia aduanera junto con otros miembros de su gabinete.
No obstante, el Gobierno salvadoreño aceptó renovar y ampliar un ambicioso plan de transparencia contra la corrupción liderado por la USAID en el empobrecido país por 5 millones de dólares durante cinco años.
En Honduras, el Gobierno de Juan Orlando Hernández aceptó el año pasado una misión anticorrupción creada con la Organización de Estados Americanos (OEA) tras una oleada de protestas por fraudes que llegaron a salpicar al partido del mandatario.
El compromiso en el combate a la corrupción es uno de los requisitos de Washington para respaldar la Alianza para la Prosperidad, un ambicioso plan impulsado por Guatemala, Honduras y El Salvador para revitalizar una de las regiones más pobres y violentas del planeta que decenas de miles abandonan cada año para tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos.
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