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La infanta Cristina y su esposo llegaron el lunes a un tribunal de Palma de Mallorca para el comienzo de un juicio histórico en el que, por primera vez desde la restauración de la monarquía en 1975, un miembro de la familia real española afrontará cargos penales.
Cristina, de 50 años, está acusada de dos delitos de evasión fiscal que suponen una pena máxima de ocho años de cárcel, por supuestamente no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma de bienes raíces propiedad de la infanta y su marido.
Ella se sentará en el banquillo el lunes con otras 17 personas, incluido su esposo, el medallista olímpico de balonmano reconvertido en empresario Iñaki Urdangarin.
Urdangarin afronta el cargo más grave de utilizar su título de duque de Palma para malversar unos 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos, una organización sin ánimo de lucro que dirigía con otro socio.
La infanta no hizo declaraciones a las docenas de periodistas reunidos a su llegada al lugar del juicio, una sala de tribunal improvisada en Palma de Mallorca.
Había una estricta seguridad en torno al edificio, después de que miles de manifestantes contrarios a la monarquía celebraran ruidosas protestas en 2014 mientras Cristina respondía a preguntas de un juez instructor sobre el caso.
Las autoridades detuvieron el lunes a un manifestante con una bandera republicana poco antes de que la infanta llegara al lugar en un automóvil con cristales tintados.
El caso tiene tantos acusados y abogados, además de periodistas que cubren el proceso, que las autoridades judiciales se vieron obligadas a trasladar el juicio de la sala del tribunal a un amplio edificio a las afueras de Palma de Mallorca, que suele utilizarle para impartir cursos masivos de formación a funcionarios.
El caso se instruye en la capital regional de Islas Baleares porque muchos de los negocios de Urdangarin se hicieron en el archipiélago balear.
No se espera que la infanta y su esposo hicieran declaraciones en los primeros días del juicio, mientras los jueces leen los 89 delitos supuestamente cometidos por los sospechosos, y los abogados —incluyendo el de Cristina— hacen alegaciones para que se exonere a sus clientes.
Durante su comparecencia a puerta cerrada en 2014, Cristina negó tener conocimiento de las actividades de su marido y un fiscal recomendó que se la sancionara sólo con una multa. Pero un juez decidió que Cristina podía ser procesada por evasión fiscal en 2007 y 2008 porque la ley española permite que grupos civiles presenten cargos cuando la fiscalía no lo hace.
Su caso fue impulsado por el grupo anticorrupción Manos Limpias.
mcr
