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El gobierno argentino anunció ayer un nuevo sistema de regulación de las comunicaciones y la reforma por decreto de la ley de medios ideada por el kirchnerismo, en una decisión que generó fuertes críticas de la oposición.
“Por decisión del presidente Mauricio Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en referencia al enfrentamiento que caracterizó la relación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) con medios de comunicación críticos, en particular el Grupo Clarín. Peña informó que se modificará por decreto las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de Argentina digital y se creará un Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que fusione las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) para regular el sector.
Sin embargo, horas después un juez argentino ordenó al gobierno abstenerse de “suprimir o afectar derechos” al ente regulador de medios, argumentando que “la modificación de una ley por decreto está prohibida por la Constitución”.
El cambio a la ley de medios fue criticado por el ex titular de la AFSCA, el ultrakirchnerista Martín Sabbatella. “Macri odia a la democracia y a las instituciones. Por eso ignora al Congreso y gobierna con DNU (decretos de necesidad y urgencia), fallos cómplices y blindaje mediático”, tuiteó.
El ministro argentino de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció también el fin al blanqueo de ahorros no declarados en divisas extranjeras, que fue establecido durante el segundo mandato de Cristina Fernández. “El blanqueo es inaceptable... permitía ingresar dólares en efectivo y no a través de las entidades bancarias. No había penalización por blanquear”, argumentó el ministro.
Por otra parte, la fiscalía federal imputó al ex canciller argentino Héctor Timerman para que sea investigado penalmente por haber reconocido en una conversación telefónica que el atentado al centro comunitario judío AMIA en 1994 fue ideado por Irán, informaron medios locales. El fiscal Eduardo Taiano solicitó al juez federal Claudio Bonadio medidas de prueba para avanzar en la causa, precisó el portal noticioso Infobae.
