El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ordenó ayer la suspensión de la proclamación como diputados de tres opositores que resultaron electos el pasado 6 de diciembre, y cuyas elecciones fueron impugnadas por el chavismo.
El máximo tribunal ordenó “de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación” emanados del Consejo Nacional Electoral sobre “los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena”, según la sentencia.
La medida contra esta elección afecta a tres opositores y en consecuencia a uno de los oficialistas electos bajo la modalidad de lista el pasado 6 de diciembre y cuya proclamación también ha sido suspendida.
Además, admitió otros cuatro recursos de impugnación, aunque en estos casos consideró improcedente dictar medidas cautelares.
La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) insistió en que sus 112 diputados asumirán sus escaños el 5 de enero, como está previsto. Previamente, recusó a los cinco magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) encargados de decidir sobre la impugnación de los ocho diputados por “su total compromiso y vinculación al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y las partes interesadas”, según explicó a periodistas el recién electo diputado por la MUD Simón Calzadilla, frente a la sede del máximo tribunal.
“Hoy revisando la composición de la sala, resulta que uno de los magistrados que va a decidir es Cristhian Tyrone Zerpa, que se autodesignó, votando por sí mismo, magistrado del TSJ”, afirmó Calzadilla, uno de los opositores impugnados. Detalló que Zerpa formaba parte del Parlamento saliente de mayoría oficialista que el 23 de diciembre designó a 13 magistrados del Supremo, incluyéndole, un proceso que la oposición calificó de “inconstitucional”.
Asimismo, aseguró que la magistrada que preside la Sala Electoral es una persona “de confianza” de Elvis Amoroso, uno de los chavistas que tras ser derrotado en las legislativas está solicitando la impugnación.
La Sala Electoral también decidió el miércoles declararse competente para conocer los recursos de impugnación, lo que daría inicio a un juicio para cuestionar la victoria de 10 diputados, de los cuales nueve son opositores.
De prosperar la causa promocionada por los oficialistas, se repetirían los comicios en varios circuitos en los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy.
El amparo fue solicitado por Nilcia Maldonado, ex ministra de Pueblos Indígenas del presidente Nicolás Maduro y diputada suplente electa por Amazonas.
Líderes de la MUD denunciaron que la intención de los aliados de Maduro es restarles escaños para minimizar su margen de acción en el nuevo periodo parlamentario que arrancará el próximo 5 de enero.
“Incumpliendo lapsos, violentando instancias, poniendo a decidir a magistrados que son al mismo tiempo juez
y parte, el oficialismo pretende impugnar un grupo de diputados (...) de-
safiando la voluntad del pueblo expresada en las urnas”, afirmó la MUD en una carta enviada a organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unasur.
“Robin Hood bolivariano”. Ayer mismo, el presidente Maduro promulgó una serie de decretos-ley en el ámbito económico.
Cuando resta un día para que expire una legislación que otorgó a Maduro poderes especiales para legislar por nueve meses, el presidente promulgó 20 nuevos textos legales, entre los que destacan la reforma parcial de varias legislaciones tributarias, estableciendo un aumento del 34% al 40% de la alícuota máxima que se cobra a las grandes empresas, entre otros tributos, “para elevar la recaudación”.
La reforma busca además “eliminar la posibilidad de evasión que quedaba”. Además se reformó una ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. “Soy el Robin Hood bolivariano. Le quitamos a los más ricos para darle a los más pobres”, dijo.
En Estados Unidos, documentos judiciales a los que accedió la agencia EFE revelan que el gobierno ha seguido la pista a mil millones de dólares, vinculados a cinco altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que supuestamente recibieron sobornos de dos empresarios venezolanos. En escritos judiciales de una Corte de Texas, accesibles ya al público, el gobierno de EU sostiene que, entre 2009 y 2014, dos empresarios venezolanos, Roberto Rincón y Abraham Jose Shiera, pagaron mil millones de dólares a directivos de PDVSA a cambio de contratos.
