El Tribunal Constitucional (TC) español anuló ayer la moción independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre, justo antes de que hoy a la medianoche comience la campaña para las elecciones legislativas del 20 de diciembre.

Los 11 magistrados consideraron que la moción viola varios preceptos de la Carta Magna, entre ellos la atribución al pueblo español de la soberanía nacional y la indisolubilidad de la nación española, por lo que la declararon inconstitucional y la dejaron fuera de la ley. “El Tribunal Constitucional anula en toda su integridad todos los puntos de la resolución y eso a la inmensa mayoría los españoles que creemos en España, en la soberanía nacional y en la igualdad nos alegra y mucho”, celebró el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.

La aspiración de los nacionalistas catalanes de impulsar un proceso independentista ha protagonizado el último año de la política española y será uno de los temas relevantes en la campaña para las elecciones españolas de este mes, que renovarán el Parlamento y darán paso a un nuevo gobierno.

La sentencia se produce en momentos en que Cataluña tiene un gobierno en funciones, ya que Artur Mas no logró ser investido de nuevo como jefe del Ejecutivo en las dos votaciones parlamentarias que hubo tras los comicios del 27 de septiembre. En ellos, la cámara regional quedó controlada por una mayoría absoluta de representantes secesionistas.

Desde que los magistrados del Tribunal Constitucional comenzaron a deliberar el martes, el gobierno catalán daba por hecha la anulación de la declaración. Su consejero de Presidencia, Francesc Homs, aseguró ayer que el fallo no cambia la hoja de ruta.

Pero aunque decidan seguir adelante con la secesión de la región de 7.5 millones de habitantes, enfrentándose quienes lo hagan a ser suspendidos en sus cargos por el Tribunal Constitucional, la desobediencia tendrá que esperar hasta 2016 porque Cataluña seguirá sin Ejecutivo al menos hasta fin de año.

El partido CUP, cuyo apoyo necesita Mas para ser investido, decidirá el 27 de diciembre si al final lo respalda o sigue exigiendo un candidato alternativo. Si el 10 de enero no se ha formado un gobierno en Cataluña, la región irá a nuevas elecciones.

La declaración secesionista llama a desobedecer a las instituciones españolas, comenzando por el Tribunal Constitucional en previsión de un fallo como el de ayer, e insta al gobierno de la región del noreste a cumplir sólo con las leyes aprobadas por su Parlamento.

El texto recibió luz verde en la cámara el 9 de noviembre, pero quedó en suspenso provisionalmente cuando el gobierno de Rajoy lo recurrió al Constitucional dos días después de su aprobación. La suspensión pasó ayer a ser definitiva.

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