La presidenta Dilma Rousseff, la primera mujer en alcanzar la jefatura de Estado en Brasil, será sometida a un proceso de juicio político por adulteración de las cuentas públicas que puede derribarla de su cargo, una decisión que la mandataria recibió “con indignación”.
Tras meses de amenazas, el presidente de la Cámara de Diputados y rival de Rousseff, el poderoso legislador evangélico Eduardo Cunha, aceptó ayer un pedido de juicio político contra la gobernante de 67 años, con el argumento de que ella violó leyes de responsabilidad fiscal.
“Hubo mucha reflexión de mi parte”, expresó Cunha, del Partido Del Movimiento Democrático Brasileño, en una rueda de prensa. “Pero en ningún otro mandato se habían recibido tantos pedidos para impugnar a un presidente”.
La imagen de Rousseff ha sido dañada debido al enorme escándalo de corrupción en torno a un esquema de sobornos de la estatal Petrobras. Sin embargo, la presidenta negó que la apertura del proceso de juicio político tuviera algún fundamento legal.
“Recibí con indignación la decisión del señor presidente de la cámara de diputados de procesar un juicio político contra un mandato que el pueblo brasileño me otorgó democráticamente”, expresó Rousseff. “Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan esta solicitud. No practiqué ningún acto ilícito”.
El procedimiento pasaría a una comisión especial que sería integrada con diputados de todos los partidos de manera proporcional. No se ha definido una fecha para ello.
Si 342 del total de 513 diputados apoyan la consecución del proceso de juicio político, Rousseff podría ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado. Luego, son necesarios dos tercios de la cámara alta (54 de 81) para que pierda su mandato y sea sustituida por su vicepresidente, Michel Temer (PMDB, centro), hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018.
“No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil, que la economía pasa por una crisis, el gobierno es un gobierno que pasa por muchas crisis, de naturaleza política, de naturaleza económica”, añadió Cunha, cuyo cargo también está en juego por la investigación de Petrobras, tras ser denunciado por la fiscalía de la república por sus presuntos nexos con esa red de corrupción. Además, está bajo sospecha de mantener cuentas secretas en Suiza en las que habría depositado dinero fruto de sobornos.
La decisión de juicio político a la presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento. A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931.
Analistas políticos dicen que hasta este momento no se espera que la medida cuente con el apoyo de los dos tercios necesarios para separar a Rousseff del cargo temporalmente. Si llegara a ese punto, el procedimiento, según especialistas, podría llevar meses.
“No hay tantas posibilidades de destituir a la presidenta Rousseff como dicen los políticos hasta el momento, a pesar de la decisión atrevida de Cunha”, dijo Luciano Dias, un consultor de la compañía Análisis Político, con sede en Brasilia. “No son insignificantes, pero no se ve muy posible hasta ahora”.