La Unión Europea (UE) ratificó ayer la decisión de mantener hasta el 31 de julio entrante el paquete de sanciones económicas impuestas contra Rusia por desestabilizar el este de Ucrania y anexarse de manera unilateral la península ucraniana de Crimea.

La decisión había sido pactada el viernes pasado a nivel de embajadores permanentes de los 28 socios de la Unión, y este lunes fue corroborada por el Consejo Europeo, máximo órgano de decisión del bloque comunitario.

Con esta decisión, Bruselas renueva el paquete de medidas restrictivas que debían expirar el próximo 31 de enero.

Las sanciones están dirigidas a golpear el sector financiero, energético y militar de Rusia.

En concreto, afectan a los cinco principales bancos estatales, a las tres mayores empresas energéticas rusas y a la industria militar en general, como consecuencia de un embargo a la importación y exportación de armas, equipos y materiales bélicos.

Para suprimir las sanciones, Bruselas había reclamado avances concretos en la aplicación de los acuerdos de Minsk, los cuales se basan en el cese al fuego, la retirada de armamento pesado y en la devolución del control de las fronteras al gobierno de Kiev.

“Dado que los acuerdos de Minsk no se aplicarán a plenitud para el 31 de diciembre de 2015, se ha prolongado la duración de las sanciones”, sostiene el Consejo Europeo en un comunicado.

Desde la anexión unilateral de Crimea en 2014, la UE ha implementado un abanico de medidas de castigo contra Rusia, las cuales incluyen además la suspensión de visados y el congelamiento de activos contra 149 personas y 37 entidades.

Moscú respondió con medidas de represalia y declarando una guerra comercial. Rusia mantiene restricciones a todas las importaciones de productos agrícolas de la UE, Estados Unidos, Noruega, Canadá y Australia. Para la UE, los productos europeos prohibidos representan un valor estimado en 5.1 mil millones de euros.

El Kremlin también creó su propia lista de personas “no gratas” en su territorio, la cual incluye los nombres de 89 ciudadanos europeos, la mayoría funcionarios y políticos comunitarios.

Moscú niega uso de bombas de racimo. También ayer el Kremlin negó que su aviación use bombas de racimo en la operación militar rusa contra los yihadistas en Siria, como ha denunciado la organización Human Rights Watch (HRW), que ha acusado a Moscú de matar a 35 civiles con estas armas prohibidas por la ONU.

“Rusia lleva a cabo su operación en estricta consonancia con las normas del derecho internacional, incluidas aquellas que prohíben determinados tipos de armas”, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Al mismo tiempo, recomendó a los periodistas dirigirse al Ministerio de Defensa para obtener información precisa “sobre los resultados de los ataques” que ejecuta la aviación militar rusa en Siria.

Además, se divulgó que los ministros de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y Francia, Jean Yves Le Drian, se reunieron para coordinar sus acciones militares en Siria. “En línea con la orden de nuestros mandatarios debemos precisar algunos momentos relativos a la coordinación de nuestras acciones en ese territorio”, dijo Le Drian, quien afirmó que ambas partes ultimaron los instrumentos para mejorar la eficacia de la lucha contra el EI, según medios locales.

Con información de agencias

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