El Supremo Tribunal Federal de Brasil invalidó ayer los primeros pasos dados por la Cámara de Diputados en relación al proceso para destituir a la presidenta Dilma Rousseff.
Esto no significa que haya quedado sin efecto la apertura del proceso contra la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT), iniciado el 2 de diciembre, cuando el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, acogió un pedido de destitución basado en maniobras contables que podrían interpretarse como una afrenta a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Tras dos días de debates, los 11 magistrados que integran la más alta corte del país votaron ayer en contra de disposiciones adoptadas por Cunha en las primeras etapas del proceso, que habían sido cuestionadas por el oficialismo. Además, le dieron al Senado la potestad de archivar el proceso, si así lo entiende, aun cuando la Cámara Baja le haya dado luz verde.
Dos de los cuestionamientos acogidos por la corte refieren a la forma como se eligieron los miembros de la comisión especial encargada de realizar el primer análisis sobre la viabilidad de la apertura del proceso.
Según medios locales, la mayoría de los jueces del Supremo se manifestaron contrarios a la presentación de una segunda lista de candidatos a integrar esa comisión —que fue la que triunfó— y a que esa votación haya sido secreta, lo que permitió que legisladores que integran la coalición oficialista, pero que defienden la salida de Rousseff, pudieran votar por la lista “opositora” sin sufrir represalias.
Además, la Corte dijo que el rol de la Cámara Baja es determinar la admisibilidad del proceso y, el del Senado, si se da continuidad a dicho proceso, es evaluar si lo acoge o lo archiva y si Dilma debe ser retirada del cargo.