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Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de declarar inconstitucional la prohibición absoluta para el consumo de la sustancia y de otorgar el primer amparo a cuatro personas para el autoconsumo recreativo, presentamos un examen de tres casos emblemáticos en el mundo: Estados Unidos, donde se permite el uso lúdico o medicinal en 23 estados y en DC; Países Bajos, que desde 1976 se convirtió en la primera nación en desafiar la política prohibicionista, y Uruguay que, desde 2013, es el primer Estado en aprobar un mercado legal, que va de la siembra a la venta
EU VIVE UNA DISYUNTIVA
Cuando el martes pasado los electores de Ohio rechazaron en las urnas la posibilidad de un referéndum para legalizar el uso recreativo de la marihuana, el movimiento a favor de su legalización en todo Estados Unidos sufrió su primera derrota desde que los electores en Florida rechazaron la legalización, con fines medicinales, de la droga, en noviembre de 2014.
A diferencia de la década de los 70, cuando las derrotas a la lucha por la despenalización de la droga eran algo inevitable, hoy dicha penalización se ha convertido en un una rareza en el paisaje político, en una excepción a la regla en un país donde hoy la mayoría de los ciudadanos se muestra a favor de la legalización a nivel nacional. Según Gallup, 59% de los estadounidenses considera que la marihuana tiene que ser legal en todo el país, mientras que sólo 40% se manifiesta en contra. En 1969, 84% rechazaba la legalización y sólo 12% apostaba por ella.
Tras una batalla de casi medio siglo, la legalización de la sustancia en EU tiene hoy un carácter irreversible. Con su legalización, para consumo con fines médicos o recreativos en un total de 23 estados y el Distrito de Columbia, la próxima fase de la lucha es su regulación, un proceso tortuoso y complicado en el que el carácter restrictivo de las leyes federales sigue chocando frontalmente con las legislaciones estatales en lo referente a la siembra, la comercialización y el consumo del enervante.
En medio de un tsunami de despenalización de la marihuana que arrancó a fines de los 90, la pregunta hoy no es si su legalización con fines recreativos será aprobada en todo el país, sino cuándo caerá la última pieza del dominó. En términos absolutos, casi 150 millones de ciudadanos viven hoy en estados donde la marihuana con fines medicinales es legal y poco más de 17 millones habitan en estados donde su cultivo con fines recreativos ha dejado de ser ilegal.
El problema sigue siendo una legislación federal ampliamente restrictiva que ha hecho de la despenalización del enervante un caso de esquizofrenia judicial donde casi la mitad de los ciudadanos vive bajo leyes estatales que han despenalizado el consumo de la marihuana y, al mismo tiempo, bajo leyes federales que la siguen criminalizando.
Aún se le considera peligrosa. Como botón de muestra, la marihuana aún es considerada por las autoridades federales como una droga tan peligrosa como la heroína, el éxtasis, el LSD y el peyote. Organizaciones como Marijuana Policy Project (MPP), uno de los grupos que abogan por la legalización de esta sustancia a nivel nacional, insisten en sacarla de ese grupo al que fue confinada desde 1970.
“Estamos en una disyuntiva donde la marihuana es legal e ilegal al mismo tiempo en varios estados. Esto no puede seguir así. El Congreso y el presidente tienen que tomar acciones para terminar con esta contradicción”, consideró John Hudak, del Brookings Institution.
La lucha por la regulación de la marihuana a nivel federal se enfrenta a una maraña de leyes federales o disposiciones que, además, son contradictorias entre sí. “El Departamento de Justicia considera que las empresas dedicadas al cultivo y comercialización de marihuana son legales siempre y cuando respeten las leyes estatales y otras normas, pero el Departamento de Tesorería (IRS) las sigue considerando como organizaciones criminales”, añadió Hudak, al insistir en la necesidad de avanzar en la regulación del consumo y comercialización de la sustancia a la misma velocidad que los estados lo han hecho.
La lucha en contra y a favor de legalizar o despenalizar la marihuana a nivel nacional ha sido encarnizada y con no pocas bajas en el campo de batalla. Cuando en abril pasado Michele Leonhart renunció a la dirección de la agencia antinarcóticos —en medio de un escándalo de agentes de la DEA que tuvieron relaciones con prostitutas pagadas por cárteles de Colombia—, fuentes del Departamento de Justicia reconocieron que su salida se producía en medio de una continua disputa entre la Casa Blanca y la DEA sobre la mejor forma de evitar el choque de las leyes federales con las legislaturas de varios estados que han legalizado el consumo de la marihuana con fines medicinales y recreativos.
El fin del prohibicionismo en casi la mitad del país había convertido a Leonhart en un estorbo para quienes, desde el poder político, insisten en que ha llegado la hora de despenalizar el consumo de la marihuana a nivel nacional. “Si bien la mayor parte del país ha evolucionado en sus puntos de vista sobre las políticas hacia el consumo de la marihuana, la señora Leonhart se había empeñado en mantener una mentalidad de la década de 1930”, aseguró Dan Riffle, director de políticas del MPP al ofrecer sólo un atisbo de esa lucha inacabada a nivel nacional.
El viernes pasado, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de declarar inconstitucional la prohibición absoluta para el consumo de la droga y de otorgar el primer amparo a cuatro personas para el autoconsumo recreativo, el diario The New York Times urgió al presidente Barack Obama y al Congreso de EU a regularizar la sustancia en el país.
Pero esta lucha aún tiene varios obstáculos por superar. Entre ellos, las resistencias de quienes se siguen oponiendo a nivel federal a una legalización que hoy avanza de forma irremisible, a pesar de las leyes y normas que la siguen obstaculizando.
