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Madrid.— El Tribunal Constitucional español acordó ayer permitir que se celebre el pleno del Parlamento de Cataluña en el que el lunes se votará y se aprobará, gracias a la mayoría absoluta que los independentistas tienen en la cámara, el inicio del proceso formal de separación de la región del noreste de España.
Los dos partidos secesionistas que impulsan la desconexión de Cataluña habían mostrado su intención de seguir adelante con el debate aunque la corte lo suspendiera, pero de momento no tendrán que llegar a la desobediencia. La gran incógnita ahora es qué pasará cuando el presidente del gobierno español Mariano Rajoy impugne la resolución secesionista en cuanto se apruebe, tal y como ha avanzado que hará ante el Constitucional.
La declaración afirma que la victoria de los secesionistas en las elecciones del 27 de septiembre y la mayoría absoluta que tienen en el Parlamento regional —72 de 135 diputados— suponen un mandato de los catalanes para poner en marcha la independencia.
“El Estado tiene instrumentos suficientes para evitar que se pueda cometer un disparate como el que algu nos están planteando”, dijo ayer Rajoy. Los magistrados de la corte decidieron por unanimidad permitir que se celebre el pleno, en contra de lo que habían solicitado el Partido Popular (PP) de Rajoy y Ciudadanos, la principal formación opositora a los independentistas en la cámara catalana.
El Parlamento “es la sede natural del debate político” y el resultado de la votación “no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”, consideraron.
Existe un precedente, y en él se basaron en su decisión: el plan que en 2004 presentó en el Parlamento autonómico el entonces jefe del Ejecutivo del País Vasco, Juan José Ibarretxe, para convertir a la región del norte en un Estado asociado a España y el cual contemplaba el derecho de autodeterminación.
La decisión del Constitucional de permitir el pleno del lunes no avala el proceso por el que llegará a debate y votación el texto pactado por las dos fuerzas secesionistas que hay en la cámara de Barcelona, Junts Pel Sí —coalición electoral del jefe del Ejecutivo catalán en funciones, Artur Mas— y el partido antisistema CUP. La corte admitió de hecho los recursos de amparo presentados el miércoles por Ciudadanos, el PP y los socialistas del PSC, que consideran que la presidenta de la cámara, la independentista Carme Forcadell, violó el reglamento al convocar la reunión en la que se aprobó de urgencia llevar al pleno el texto.