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Madrid.— El próximo 11 de enero la infanta Cristina de Borbón, hermana menor del rey Felipe VI, se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Nóos, una macrocausa en la que Manos Limpias —una organización anticorrupción— le acusa de dos delitos fiscales y pide ocho años de cárcel para ella.
Cinco años después de que el juez José Castro comenzara a investigar las actividades supuestamente irregulares de la infanta y de su marido Iñaki Urdangarin, ayer la Audiencia Provincial de las Islas Baleares fijó el inicio del juicio en el que el cuñado del rey está acusado de malversación, prevaricación, falsedad en documentos público y mercantil, fraude a la administración, estafa, delitos contra Hacienda y blanqueo, al obtener más de 6 millones de euros en contratos de empresas públicas y privadas y de gobiernos autonómicos aprovechándose de la condición del entonces rey Juan Carlos de Borbón. Y para quien el fiscal anticorrupción pide 19 años y medio de prisión.
También deberán rendir cuentas otras 16 personas como el ex presidente del gobierno autónomo de las Islas Baleares, Jaume Matas, así como un centenar de testigos, entre ellos, los ex jefes de la Casa Real, Fernando Almansa y Alberto Aza, el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, y el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Quien finalmente no tendrá que declarar como testigo será el rey Felipe VI ya que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha inadmitido “por imperativo legal” su declaración por el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que asegura que el monarca está dispensado de dicha obligación.
Durante el juicio la infanta y su esposo, quienes han sido apartados de la Casa Real aunque la infanta no ha renunciado a sus derechos dinásticos (es la sexta en la sucesión al trono) y sigue siendo duquesa de Palma de Mallorca, deberán responder preguntas sobre el entramado de empresas que crearon para desviar fondos públicos a sus cuentas personales y defraudar a Hacienda. En el caso de la infanta, deberá explicar por qué aceptó formar parte al 50% de la empresa Aizóon a través de la cual su marido ingresó las cifras millonarias de dinero que recibió por contratos firmados cuyos servicios muchas veces no se llevaron a cabo, por qué facturó en esas empresa gastos suyos particulares y no de Aizóon. El fiscal Pedro Horrach aunque no considera que existan indicios delictivos sobre ella, si cree que es responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587 mil 413 euros.
