Madrid.— Las dos plataformas independentistas ganadoras de las pasadas elecciones autonómicas en Cataluña (noreste de España): Juntos por el Sí (Junts Pel Sí) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), decidieron ayer dar un paso adelante en su hoja de ruta hacia la independencia de dicha comunidad autónoma y, gracias al apoyo de cinco diputados de Podemos, pactaron una propuesta de resolución parlamentaria conjunta en la que declaran “el inicio del proceso de creación del Estado independiente en forma de república”.
La decisión sin precedentes llevó a la comparecencia de urgencia ante la prensa del presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy (Partido Popular, PP), quien tras describir el anuncio como una “provocación”, aseguró que pondrá en marcha todos los instrumentos políticos y jurídicos para frenarlo. También los partidos de la oposición manifestaron su indignación, diciendo que la decisión de los independentistas catalanes es un “golpe a la democracia y al orden constitucional”.
En su propuesta, Juntos por el Sí (que engloba a Convergencia Democrática de Cataluña y a su eterno rival, Esquerra Republicana de Cataluña) y la CUP (una organización política asamblearia, de izquierdas, que se declara anticapitalista y euroescéptica y que defiende desobedecer las políticas de austeridad impuestas por la Troika comunitaria), aseguran que el haber obtenido una mayoría de escaños de las fuerzas independentistas en las elecciones del 27 de septiembre, les legitima para que Cataluña se convierta en un Estado soberanista y proclaman el comienzo de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura Constitución catalana. Además, fijan en 30 días el plazo máximo para tramitar las leyes de ese proceso.
También aseguran que el Parlamento catalán no se supeditará a las decisiones del Estado español “en particular del Tribunal Constitucional”, al que consideran “deslegitimado”. Advierten que tomarán las medidas necesarias para abrir este proceso que llaman de “desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español de tal manera que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y con base en una participación abierta, activa e integradora”.
La propuesta se debatirá en un pleno extraordinario que se celebrará antes del 9 de noviembre, fecha prevista para la primera votación de investidura del actual presidente del gobierno catalán, Artur Mas, como presidente.
Rajoy, con el respaldo del socialista Pedro Sánchez y de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, podrá presentar un recurso de reconsideración ante el Parlamento catalán para evitar que éste admita la propuesta. Y si la admite, podrá presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) e incluso podría inhabilitar a la autoridad o autoridades que desacaten la sentencia de anulación de la declaración del TC. Si nada de esto parase la iniciativa, como último recurso, podría aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía.
Ayer mismo, la familia del histórico líder catalán Jordi Pujol recibió un nuevo golpe policial y judicial: dos de sus hijos fueron imputados ayer en relación con la causa que investiga a otro de ellos tras el registro de sus viviendas y empresas.
La operación, llevada a cabo por más de 200 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se enmarca en la investigación en torno al primogénito del ex presidente del gobierno de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola. A la imputación de Jordi hijo se sumaron las de dos de sus hermanos, Josep y Pere Pujol, cuyas viviendas fueron registradas y ambos fueron citados a declarar el 13 de noviembre.
Con información de DPA