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Tras atrapar a los presuntos culpables políticos y gubernamentales de un esquema de corrupción por el que se cobraban sobornos en aduanas y que provocó la caída de Otto Pérez Molina de la presidencia de Guatemala, un juzgado guatemalteco comenzó a cerrar el cerco sobre la otra parte de la trama —los empresarios que entregaron coimas o mordidas para evadir impuestos— y giró órdenes de impedimento de salida del país para medio centenar de importadores.
Aparte de Pérez y al menos otras 28 personas ya presas, el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, emitió una orden de arraigo contra 50 empresarios que ahora tienen impedimento de salida de Guatemala y difundió una lista con sus nombres, aunque siguen libres.
La Fiscalía General de Guatemala confirmó a EL UNIVERSAL que unos mil 500 empresarios habrían pagado sobornos a una red criminal llamada La Línea, centro de una millonaria defraudación aduanera por la que Pérez, como su presunto jefe, se vio obligado a dimitir el 2 de septiembre y permanece preso desde el 3 del mes pasado. Roxana Baldetti, vicepresidenta de Pérez, renunció el 9 de mayo anterior y está detenida desde el 21 de agosto, aunque el cuatrienio del binomio debía finalizar en enero de 2016; ambos están presos por defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita.
La fiscalía precisó que aunque el listado preliminar cubre a otros 250 importadores, las indagatorias involucrarán a unos mil 500 empresarios. El poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), una influyente organización cúpula de la iniciativa privada guatemalteca, aplaudió ayer las medidas contra empresarios corruptos pero negó que sea un golpe al gremio.
“No nos afecta absolutamente en nada. En la corrupción está el que paga y el que recibe. Fueron capturadas personas que recibían el dinero mal habido de personas que pagaban. Como CACIF, siempre hemos dicho que no vamos defender a ninguno de estos empresarios si quebraron la ley, porque no nos interesa, no son parte de nuestro gremio y, todo lo contrario, es gente que compite con nosotros de manera ilegal”, adujo el guatemalteco Pelayo Llarena, primer vicepresidente del comité.
“Al pagar costos ilegales más bajos que los impuestos que nosotros sí
pagamos, ellos son una competencia desleal para el empresariado de verdad de Guatemala. Nos alegra muchísimo que se hayan tomado estas medidas y esperamos a que el sistema de justicia haga su labor”, afirmó, consultado por EL UNIVERSAL.
El CACIF, que en mayo exigió la renuncia de Baldetti y en agosto la de Pérez, fue duramente cuestionado por el todavía gobernante a finales de agosto, al advertir que los guatemaltecos debían saber que si en La Línea hubo funcionarios que recibieron dinero, también existieron empresarios que pagaron.
En un intento por mostrar la corrupción del empresariado, Pérez alegó que “no hay una línea, son dos”, y que aunque sólo aparecía la que recibe, faltaba que surgiera “la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial”, con un comportamiento que describió como de “carácter histórico”.
La operación de La Línea se realizó entre mayo de 2014 y abril de 2015 con centenares de camiones con mercaderías que ingresaron a suelo guatemalteco luego de que los dueños de las mercancías pagaron sobornos para ser favorecidos con una subfacturación que redujera el monto de los impuestos.
“Es evidente que la persecución penal contra funcionarios corruptos es mucho más fácil que contra empresas, que muchas veces usan intermediaciones y en este caso a muchos agentes aduanales”, aseveró el guatemalteco Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, ente no estatal de Guatemala dedicado a promover la transparencia en la función pública.
“En la medida que los primeros capturados vayan soltando información sobre cómo llegar hasta los últimos que pagan, que son los corruptores, en esa medida esa pata de la mesa que sostiene un sistema corrupto ojalá empiece a caer para que tengamos un sector privado más libre de corrupción”, explicó Marroquín a este diario. “Hace falta que también se castigue al corruptor”, recalcó.
El fraude, que se calcula que supera los 3.6 millones de dólares, fue destapado en abril de este año por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), querellante avalado por la Organización de Naciones Unidas, con lo que estalló la más grave crisis institucional guatemalteca de este siglo.
