San José.— Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que aunque México, Colombia, Honduras, Guatemala y otros países latinoamericanos crearon leyes de defensa a periodistas, hay “una brecha” entre los avances normativos y la práctica, porque las “herramientas” de protección a los comunicadores “han sido ineficaces” para impedir los frecuentes asesinatos de reporteros en esas naciones.
En entrevista con EL UNIVERSAL al cumplir su primer año de gestión, Lanza dijo que las pujas gobiernos-prensa en América Latina y el Caribe son “sanas” para la democracia.
Lanza participó en Costa Rica en una cita internacional sobre la impunidad en los asesinatos y agresiones a periodistas. La Relatoría precisó que en 2014 y en el transcurso de 2015 han sido asesinados “al menos”40 reporteros en América.
¿Mejoró o empeoró la situación continental de agresión a periodistas?
—No hay respuesta única, es por cada país. Pero no se han hecho progresos suficientes. El problema de hace 10 o 15 años de violencia contra reporteros, en algunos países sigue sin cambio.
Han sido ineficaces las herramientas usadas para atacar esta situación, como en Honduras, Guatemala, México, Colombia, Brasil y Paraguay. Si los comunicadores sufren asesinato, amenaza, secuestro y desaparición, porque revelan algo que algún actor, privado o estatal, no quiere que se revele pero permanece impune, se alienta la repetición de los casos.
¿De qué sirvió reforzar leyes de protección a periodistas?
— Hay ejemplos interesantes de creación de mecanismos de protección de reporteros en Colombia, México, Honduras y Guatemala. En muchos estados de México están creando esos mecanismos, adoptando leyes con sanciones más severas, o creando fiscalías especializadas de combate e investigación de crímenes de reporteros. En México hay una fiscalía federal. Hay receptividad de las recomendaciones, pero hay una brecha entre los avances normativos y la práctica de cómo construir sistemas de protección y analizar el riesgo con celeridad y medidas eficaces y oportunas. Eso es lo que el Estado debe hacer en consulta con la sociedad civil y víctimas.
¿Está la libertad de expresión en el continente en foco rojo?
—El primer titular para describir la situación sería: “La cosa va peor”. Salimos de dictaduras y regímenes autoritarios y llevamos 30 años de democracia y la libertad de expresión debe estar plenamente garantizada. No todo es negativo, pero vemos muchos retrocesos por la violencia o por países que adoptan leyes ambiguas.
O como en Venezuela, con un ambiente generalizado de interferir en la libertad de expresión a través de estigmatizar a los periodistas, ponerlos como opositores políticos o restringir el acceso a papel y a frecuencias.
¿Hay una prensa intensa que enfrenta al poder?
—Siempre hay margen de tensiones entre poder y periodistas y medios, que es hasta normal y sano, es la salud de la democracia, porque es el papel de control social y del ejercicio del poder que hacen periodistas, medios, analistas, blogueros. Nos preocupan, en última instancia, los derechos humanos, vivir con dignidad y el fortalecimiento democrático para que la región no vuelva a su historia pasada del silencio de los cementerios, con dictadores o autócratas.