Después de tres años de negociación entre las FARC y el gobierno colombiano, todo parece indicar que el proceso de paz no tiene marcha atrás. De una agenda de seis puntos se han negociado prácticamente cuatro.
El punto de desarrollo agrario fue el primero; entre otras cosas, se destaca la creación de un banco de tierras, la creación de zonas de reserva campesina y la puesta en marcha de una política integral de desarrollo agrario.
El segundo punto en ser aprobado fue el de participación política, que contempla la creación de un estatuto para la oposición, la creación de circunscripciones especiales de paz y mecanismos para que la guerrilla de las FARC logre hacer la transformación de un movimiento armado a un movimiento político.
El tercer punto aprobado fue el de narcotráfico, que de hecho no es novedoso, para algunos expertos es bastante conservador, sin embargo, será un hito, ya que modificará la política antidrogas de Estados Unidos en todo el continente. Se contempla un modelo de sustitución parcial y progresivo de cultivos de uso ilícito, atacar los eslabones fuertes de la cadena del narcotráfico, como el lavado de activos, y no sólo los débiles, como los cultivadores de coca.
Estos tres puntos, si bien eran complejos, se podría decir que eran concesiones que el gobierno nacional le hacía a un sector poblacional históricamente excluido del ejercicio ciudadano, zonas donde las FARC mantienen una presencia importante. Allí existe una deuda en mecanismos que garanticen la participación política, en lograr un proceso de formalización de la propiedad rural y en crear mínimas condiciones que permitan una economía de mercado.
Los otros dos puntos de la agenda eran el referido a víctimas, el cual está prácticamente terminado, y al que se le denominó dejación de armas y finalización del conflicto. A diferencia de los anteriores, estos puntos se referían no a las concesiones que se hacían a unos sectores poblacionales, sino que afectaban directamente a los actores del conflicto. En el punto de víctimas se acordó la creación de una comisión de la verdad, y el acuerdo de justicia firmado el 23 de septiembre en Cuba garantizó la creación de un modelo en el cual se logra lo máximo de justicia con un mínimo aceptable de penas para los actores del conflicto. Dicho modelo aplica no sólo para las FARC, sino en general para todos los actores del conflicto; agentes estatales, políticos, empresarios y cualquier actor que hubiese estado involucrado en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o actos de genocidio.
El punto de justicia era por lo menos el 60% de la negociación y se logró superar después de algo más de un año de discusión. Al tema de víctimas sólo le resta por acordar el asunto de la reparación y quedaría cerrado, faltando por discutir el punto de dejación de armas y finalización del conflicto. Dentro de dicho punto hay tres temas delicados y complejos por acordar.
En lo que respecta al primero, se sabe que 60 días después de la firma se comenzará con la dejación de armas por parte de las FARC, pero ¿por cuánto tiempo se prolongará esta dejación? Igualmente, ¿cuántas concentraciones de tropa de las FARC van a existir y de qué tamaños? El segundo tema, tal vez el más delicado, hace referencia a la seguridad física para las FARC, una vez que dejen las armas, y la seguridad para las comunidades donde operaban las guerrillas.
Estas zonas tienen alta concentración de economías ilegales y el modelo de seguridad que se debe aplicar no es fácil de construir.
El último punto que queda por negociar es la refrendación de los acuerdos y la verificación del cumplimiento de los mismos, otro asunto delicado.
Por ejemplo, las FARC deben participar en la puesta en marcha de los acuerdos de paz, cómo sería dicha participación legislativa, quién verifica, cómo se verifica el cumplimiento de los acuerdos, entre otros. O sea, se llegó al final del camino donde la congestión es alta y la decisión de llegar al final es clara.
Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y profesor en la Universidad del Externado de Colombia