Ciudad de Guatemala.— El general en retiro Otto Pérez Molina quedó ayer en prisión provisional en una cárcel militar capitalina como presunto responsable de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación tributaria, tras dimitir antenoche a la presidencia de Guatemala y ser sustituido este jueves por el vicepresidente Alejandro Maldonado.
Por orden del juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, el ex presidente Pérez fue recluido, desde las 17:25 horas, en un centro de detención para hombres y mujeres en esta ciudad conocido como la cárcel de Matamoros, hacia donde fue trasladado desde una sala de un edificio capitalino de tribunales donde el ex gobernante acudió a una primera audiencia sobre la defraudación en las aduanas de este país.
Gálvez aclaró que aunque tampoco es prisión preventiva sino provisional, la dictó para evitar que Pérez se fugue, asegurar que hoy acuda a la continuación de la audiencia y garantizar su integridad física. El juez reveló que en las últimas horas hubo amenazas de bomba y otros hechos y existe “temor” por la seguridad personal de Pérez.
Al salir de la sala, el veterano ex militar negó que pretenda huir del país, advirtió que pudo haberlo hecho en los últimos días de su gobierno por tener medios aéreos y de otro tipo a su disposición; aseguró que tampoco pretende “salir corriendo” porque está dispuesto a seguir “dando la cara” y minimizó las pruebas presentadas en su contra por Gálvez.
Horas antes, Maldonado prometió un gobierno de salvación nacional luego de ser juramentado por el Congreso para gobernar hasta el 14 de enero de 2016 —cuando asumirá el mandatario elegido en los comicios cuya primera vuelta tiene lugar este domingo— y complete el cuatrienio para que el Pérez resultara electo en 2011.
Maldonado asumió la presidencia tras una acelerada cadena de sucesos que se precipitaron antenoche, cuando Gálvez emitió una orden de captura del todavía jefe de Estado y Pérez —ya sin vías posibles para proseguir como presidente y pese a que siempre ha alegado ser inocente— optó por renunciar y notificar por escrito al Congreso, que el martes le despojó de su inmunidad.
La crisis institucional guatemalteca por los escándalos de corrupción estalló en abril, cuando la fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente querellante avalado por Naciones Unidas, destaparon una millonaria defraudación aduanera. Tras acusar a la ahora ex vicepresidenta Roxana Baldetti (aliada del general y ahora presa) y a otros jerarcas, el 21 de agosto acusaron a Pérez de ser el cabecilla de la estructura criminal conocida como La Línea para eludir impuestos.
En una espontánea reacción popular, decenas de miles de guatemaltecos iniciaron desde abril masivas protestas callejeras para exigir la dimisión de Pérez por su presunta responsabilidad en la defraudación, por lo que su renuncia fue recibida con júbilo en los distintos sectores del país.
El desenlace preliminar de la crisis se registró en vísperas de que los guatemaltecos acudan el domingo a comicios generales para elegir presidente, vicepresidente, legisladores y munícipes. Pese a que Pérez se vio obligado a renunciar y está preso por la creciente onda expansiva del escándalo de corrupción, Guatemala está en relativa paz y en aparente normalidad.
México confía en legalidad. El gobierno de México confió en que las instituciones en Guatemala, al que llamaron “país vecino y hermano”, harán frente a la situación que hoy enfrentan, con apego al orden constitucional y al Estado de derecho.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su seguridad de que el proceso electoral que iniciará en ese país el domingo permitirá al pueblo guatemalteco decidir su futuro a través del cauce democrático. “En este sentido, expresa su confianza en que el presidente Alejandro Maldonado Aguirre, de la mano de instituciones como el Tribunal Superior Electoral, garantizarán el éxito del mismo”.
Con información de Natalia Gómez
jram