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Madrid.— Dos días después de la celebración de las elecciones autonómicas catalanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) imputó ayer al presidente del gobierno catalán (Generalitat), el independentista Artur Mas, y deberá testificar ante el juez el 15 de octubre.
La fiscalía lo acusa de los presuntos delitos de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación, al haber convocado una consulta ciudadana sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre pasado, desobedeciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional.
La imputación se produjo apenas 48 horas después de que la candidatura de Mas, Juntos por el Sí (Junts pel Sí), que engloba a su partido: Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y a su histórico rival Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), lograra 62 escaños, que unidos a los 10 obtenidos por la otra lista en favor de la independencia: la Candidatura de Unidad Popular (CUP), una organización política asamblearia, de izquierdas, que se declara anticapitalista y euroescéptica, significarían la mayoría absoluta. Es decir, los 68 escaños que le permitirían ser investido presidente.
El magistrado instructor del caso, Joan Manel Abril, investiga si “en ejecución de la consulta suspendida, se han generado gastos al erario público en informática, telecomunicaciones, elaboración de material, difusión institucional, apertura de institutos y edificios públicos (donde se votó), dependientes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, así como de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero, y otros gastos por pagos... así como los derivados de la utilización, con pago de precio, a la empresa de mensajería y servicios postales Unipost, sin que en este momento pueda determinarse su cuantificación”.
La fiscalía recuerda que Mas se autoinculpó cuando convocó la consulta: “Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno”, dijo entonces. Junto a Mas también están imputados su ex vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, quienes también deberán declarar.
La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, dijo que la imputación es un “juicio político y una anomalía democrática” y aseguró que con la consulta sobre la independencia “no se ha hecho nada ilegal”. También criticó la “instrumentalización” y la “presión política” que han llevado a la fiscalía “a querellarse contra alguien por poner las urnas”, en referencia a Mas y la consulta del 9-N.
El vocero de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Joan Tardá, consideró que esta imputación “no es casual y demuestra la intolerancia y la estupidez del sistema político español”. “La imputación no va a impedir el avance del proceso soberanista, sino al revés. El proceso independentista sigue avanzando viento en popa y es imparable”, concluyó.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aclaró que la imputación no se produjo antes para no interferir en las elecciones autonómicas, pero que una vez pasados los comicios veía “lógico y razonable” que la justicia siga con sus trámites.
