El presidente colombiano Juan Manuel Santos abrió el jueves la puerta a un posible encuentro con su par venezolano, pero con la condición de que se establezca un corredor humanitario y que no se "maltrate" a los colombianos deportados.
El "corredor humanitario" permitiría a más de 2 mil niños en Venezuela poder asistir a los colegios en Colombia, así como el ingreso a territorio venezolano de camiones para recuperar los bienes y enseres de las personas que fueron deportadas y cumplir con los "protocolos mínimos y no maltraten a los colombianos que van a ser deportados".
"Si esas condiciones... se cumplen yo me siento a arreglar este problema", dijo el gobernante.
En medio de la crisis diplomática entre Caracas y Bogotá, Maduro en Beijing pidió ayuda y asesoría al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para "parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela", indicó la presidencia en un comunicado de prensa el jueves sin ofrecer mayores detalles.
Caracas sostiene que entre enero y julio habrían ingresado a Venezuela 121.834 colombianos. El gobierno venezolano ha denunciado que entre ellos hay paramilitares y contrabandistas, lo que habría intensificado los problemas de inseguridad y escasez de productos básicos que enfrentan los venezolanos.
La canciller colombiana María Ángela Holguín informó que el próximo miércoles se reunirá con Ban para exponerle la crisis humanitaria que enfrenta Colombia debido al regreso masivo de miles de colombianos desde Venezuela hacia la localidad fronteriza de Cúcuta.
La crisis se desató a fines de agosto cuando Caracas cerró los pasos fronterizos en el estado suroccidental de Táchira tras el ataque que sufrieron tres militares y un conductor civil cuando combatían el contrabando en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira.
Según Bogotá, más de mil 300 colombianos han sido deportados por orden del gobierno venezolano. Naciones Unidas sostiene que unos 10 mil han dejado voluntariamente Venezuela por temor a represalias.
Holguín anunció su encuentro con Ban un día después de que el presidente colombiano Juan Manuel Santos diera a conocer la ofensiva que emprenderá su gobierno ante los organismos multilaterales para denunciar los supuestos maltratos que han sufrido sus compatriotas.
La canciller tiene previsto visitar el próximo lunes Ginebra para reunirse con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Director General de la Organización Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing.
Santos dijo que el fiscal general de Colombia evalúa la posibilidad de denunciar al gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional por un supuesto ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana.
Bogotá emprendió la ofensiva internacional después del revés que sufrió en la Organización de Estados Americanos (OEA) , donde no logró los votos suficientes para convocar una reunión de cancilleres para discutir la crisis con Venezuela.
Al final de su visita a Beijing, Maduro dijo que a Santos "le va a ir muy mal si toma el camino de las amenazas, sean políticas, diplomáticas o de cualquier signo, porque Venezuela está acompañada por los pueblos del mundo y del propio pueblo colombiano".
Maduro pidió a su colega colombiano "que respire, se tranquilice" y le reiteró la invitación para un encuentro.
Las autoridades de la Conferencia Episcopal de Colombia y Venezuela criticaron duramente, durante un encuentro en Bogotá, la expulsión de los colombianos e hicieron un llamado a los presidentes de los dos países para que se sienten a dialogar.
"Invitamos a buscar soluciones a los problemas de la frontera entre los dos gobiernos. No para insultarse, no para excluirse, sino para buscarle el beneficio y el bienestar a esos pueblos que sufren", dijo a la prensa el obispo Roberto Luckert, integrante de la Conferencia Episcopal Venezolana.
En los municipios fronterizos de Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, que están bajo estado de excepción y tienen cerrados los pasos hacia Colombia, han sido identificados mil 800 colombianos que están en trámites para obtener la condición de refugiados o ya lograron el reconocimiento, afirmó Alba Marcellán, jefa de operación de Acnur en la localidad venezolana de San Antonio del Táchira.
Marcellán dijo a la Associated Press que los representantes de Acnur Venezuela están verificando las condiciones de estos colombianos para prestarles ayuda, y afirmó que "la principal preocupación que han manifestado es (...) el miedo y la incertidumbre que existe ante qué va pasar, qué va a suceder, sobre su posibilidad de permanecer en territorio venezolano".
En cuanto a las personas que habrían iniciado trámites o ya tienen la condición de refugiados, la funcionaria dijo que "estamos verificando de manera efectiva la situación de esas personas".
Marcellán dijo que la Defensoría del Pueblo de Venezuela se ha comprometido a permitir el reingreso de cualquier refugiado colombiano que fuera deportado.