Otto Pérez Molina renunció a la presidencia de Guatemala luego de que el Congreso le retirara la inmunidad y un juez le prohibiera salir del país en el marco de una investigación por supuesta corrupción.
El ex mandatario está acusado en el mismo caso que le costó el cargo a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y a varios miembros de su gobierno.
A continuación, The Associated Press explica en qué consiste y cuáles son las etapas del proceso contra Pérez Molina y qué sucederá tras su renuncia, en lo que es considerado un golpe sin precedentes contra la corrupción y la impunidad profundamente arraigadas en Guatemala.
¿De qué se acusa a Otto Pérez Molina?
La fiscalía acusa a Pérez Molina de tres delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. El cohecho sanciona al funcionario o empleado público que solicite intencionalmente o acepte sobornos. La aceptación puede ser directa o indirecta y no sólo es dinero sino cualquier dádiva, promesa o beneficio a cambio de que realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.
Los cargos fueron formulados luego de que el 16 de abril la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo adscrito a la ONU, anunciaran la desarticulación de una organización presuntamente criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares que habían recibido sobornos de empresarios para que los ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada "La Línea" por ser una especie de "alternativa" para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Baldetti.
La comisión informó que cuenta con 88.000 escuchas telefónicas entre las cuales, dijo, hay una donde se oye a Pérez Molina hablar con Carlos Muñoz, Superintendente de Administración Tributaria, en la que le ordena cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria.
Por ley, esa superintendencia es un ente autónomo y sin injerencia del Ejecutivo. Según la Fiscalía, el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización desmantelada.
Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura que sólo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país.
En el caso de "La Línea" hay al menos 100 personas sometidas a investigación. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar al cargo y está presa acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
Tras el retiro de la inmunidad del presidente, el Congreso ordenó el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia para que se le asigne un juez al caso. La Corte ordenó que el expediente fuera enviado a un juzgado de instancia pero la fiscal general solicitó que el caso lo llevara el juez Miguel Ángel Gálvez, que conoce la investigación contra los otros procesados y quien le dictó a Pérez Molina la prohibición de salida del país.
-¿Cómo sigue el proceso contra Pérez Molina tras su renuncia?
El juez podría citarlo, a petición de la Fiscalía o a solicitud de la defensa, a un interrogatorio para que dé su primera declaración y le expliquen los cargos que pesan en su contra.
El abogado de Pérez Molina, César Calderón, presentó el miércoles un oficio ante el juez para ofrecer la "buena voluntad" de presentarse ante los tribunales a enfrentar el proceso.
Luego de que rinda su declaración, el juez deberá decidir si lo vincula al proceso penal o no. Si no lo hace, Pérez Molina quedaría libre. De vincularlo, el juez puede, o no, ordenar su arresto y prisión preventiva.
-¿Qué pasará ahora que Pérez Molina ha renunciado?
No habrá un vacío de poder porque Guatemala tiene a un vicepresidente nombrado en propiedad, Alejandro Maldonado Aguirre, quien asumiría el cargo.
Maldonado, un abogado conservador, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, fue electo por el Congreso de una terna presentada por Pérez Molina luego de que Baldetti renunciara al cargo el 8 de mayo.
Tras asumir, Maldonado tendría que enviar una terna al Congreso para conocer quién lo acompañará como vicepresidente hasta que entregue el poder al nuevo gobierno el 14 de enero de 2016.
-¿Cuáles son las etapas de un posible proceso penal contra Pérez Molina?
Aunque los tiempos del debido proceso penal están definidos en leyes y códigos usualmente hay retrasos debido a los recursos legales que pueden solicitar tanto defensores como la fiscalía y otras partes.
Si Pérez Molina está en prisión en la primera fase de la investigación, la fiscalía deberá presentar en un período de tres meses las evidencias suficientes para que el juez ordene llevarlo a juicio.
Usualmente, en Guatemala toma un año para que alguien sea llevado a juicio. Sin embargo, en este caso también dependerá de la conexión que se haga del caso de los otros procesados.
La otra arista será el embargo de bienes y la inmovilización de recursos con fines de extinción y la recuperación del dominio, que es un proceso paralelo e independiente de las acciones penales que lo adelanta un juez diferente y que podrá hacerse en los días, semanas y meses posteriores a la definición de su situación jurídica -si es formalmente acusado y detenido, o no-, a petición de la fiscalía.
-¿El eventual procesamiento de Pérez Molina amenaza las elecciones en Guatemala?
Oscar Peláez Almengor, analista político y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aseguró que el proceso penal contra Pérez Molina no afecta las elecciones en Guatemala programadas para el próximo domingo 6 de septiembre.
"El proceso eleccionario lo marca la constitución. El presidente no es responsable directamente de las elecciones sino es el Tribunal Supremo Electoral que es autónomo" , dijo Peláez Almengor. Explicó que en el país no ha habido una fractura constitucional y que los tiempos que establece la constitución para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano y autoridades municipales se están cumpliendo.
Aunque las protestas de miles de guatemaltecos contra la corrupción han incluido la petición de que se anulen las elecciones, las posiciones no son unánimes.
El sector empresarial y la Iglesia católica se unieron para pedir a la población que vote el 6 de septiembre, mientras el Tribunal Supremo Electoral ha empezado a enviar la documentación y boletas para emitir el sufragio.