Más Información
Sheinbaum critica a oposición por estar a favor de dichos de Trump; “parecen conservadores del siglo XIX”
Migrantes de otras nacionalidades deben de ser repatriados a sus países, no a México: Sheinbaum; “no los vamos a dejar solos”, dice
Sheinbaum ofrece a migrantes acceder a programas de Bienestar ante amenaza de Trump; no ha tenido “mayor comunicación”
La Justicia de Burkina Faso anunció el embargo por un período de tres meses de los bienes de los responsables del golpe de Estado que el 16 de septiembre apartó del poder al presidente, Michel Kafando, restituido hace tres días ante la presión internacional y del Ejército.
La medida afecta a un total de 14 personas, entre ellas el general Gilbert Diendéré -que fue nombrado nuevo líder del país tras el golpe- y su esposa, y el coronel Sidi Paré, ex ministro de Seguridad del Gobierno de transición cesado ayer del cargo.
En la lista -hecha pública por el Fiscal General en un comunicado- figuran asimismo el jefe del exgobernante Congreso para la Democracia y la Paz (CDP), Eddie Komboigo y el antiguo ministro de Asuntos Exteriores del régimen del derrocado presidente Blaise Compaoré, el general Djibril Bassolé.
Todos los nombres tienen en común su cercanía al ex presidente Compaoré y al partido en el que se apoyó para perpetuarse en el poder durante 27 años, el CDP.
Compaoré fue forzado a abandonar el país el año pasado, tras una ola de protestas ciudadanas contra su intento de gobernar durante otros cinco años.
La decisión de la Justicia permite a cada uno de los sancionados retirar al mes 300 mil francos CFA (456 euros), que deben servir para cubrir sus gastos básicos. Los bienes del CDP también han sido embargados.
El gobierno de transición que encabeza el presidente Kafando fue formado tras la caída de Compaoré, y su mandato dura hasta la celebración de las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
Previstos inicialmente para el 11 de octubre, los comicios han sido pospuestos y se celebrarán el 22 de noviembre como muy tarde, aunque todavía hay puntos de discrepancia en las negociaciones.
Organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanos se oponen a la amnistía para los organizadores del golpe, algo que sí apoyan los líderes regionales para sellar el acuerdo.
jlc