Por decisión unánime de 132 legisladores y en un hecho de profunda trascendencia histórica que impactará en el resto de Centroamérica, Otto Pérez Molina fue despojado ayer por el Congreso de Guatemala de su inmunidad como presidente al acusársele de ser el presunto líder de una estructura criminal que asestó una millonaria defraudación aduanal y quedó expuesto a ser enjuiciado y caer preso.
A cuatro meses y medio de que Pérez concluya su cuatrienio, y a menos de cinco días de los comicios generales, el Congreso determinó, en una sesión en la que se ausentaron 26 de los 158 diputados, retirar el fuero a Pérez. Poco después, el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó el arraigo del mandatario como “medida precautoria” para evitar su fuga.
La gente salió a festejar a las calles, con banderas y cornetas, al enterarse de la noticia.
“El sistema corrupto impera, pero el pueblo tiene mucho para festejar”, dijo el estudiante Maynor Alonzo, de la Universidad de San Carlos de Guatemala y dirigente de las masivas protestas que se iniciaron en abril al destaparse el escándalo en aduanas. “Tampoco hay un cambio profundo del sistema y los comicios le darán oxígeno, pero la justicia responde, aunque con lentitud”, dijo Alonzo a EL UNIVERSAL.
“La situación es en extremo dramática para Pérez y su historia, a partir de ahora será muy triste”, dijo, por su parte, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, grupo no estatal que representa en Guatemala a Transparencia Internacional, ente global promotor de la honestidad en la función pública.
Entrevistado por este diario, narró que “Pérez enfrentará un juicio en el que se le van a documentar las acusaciones que calificó de falsas. Hay 100% de posibilidades de que caiga preso. Me imagino que ya se busca la orden de captura. Así es de dramático: se le acusa de delitos mayores sin opción de arresto domiciliario”. “Estaba acorralado y lo sabía. Las bancadas legislativas mayoritarias que hacían alianza de impunidad con Pérez finalmente vieron que el mandatario era insostenible y los podía arrastrar a un desgaste mayor” por la cercanía de los comicios del próximo domingo, subrayó.
Tras aprobar el antejuicio y la pérdida de la inmunidad, el Congreso debe remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia, que designará un tribunal que lo ventilará y técnicamente puede continuar gobernando. No obstante, Marroquín alertó que “equivocadamente Pérez cree que puede seguir en la presidencia incluso preso. Al Congreso le va a corresponder cesarlo en sus funciones: no podemos tener a un presidente presidiario en juntas de gabinete en una cárcel”.
El pasado 21 de agosto, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por Naciones Unidas, acusaron a Pérez de dirigir “La Línea”, red que ejecutó el fraude aduanal con sobornos para evadir impuestos. Pero dos días después, y pese al reclamo empresarial, eclesiástico, indígena, obrero, campesino, estudiantil y académico de que dimitiera, se negó a hacerlo, reafirmó su inocencia y anunció que enfrentará a la justicia.
“Es muy probable que le dicten orden de captura en las próximas horas”, coincidió el ex canciller guatemalteco Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Al quitarle la inmunidad, “hay una descompresión” en la sociedad, adujo.
“Cambia el estado anímico de la población, que si hubiese ido a las urnas sin que se le despojara del fuero, las elecciones habrían sido muy estropeadas. Allí se hubiera descargado la frustración popular. Ahora puede ser distinto. Hay sensación de euforia en este momento”, contó.
En una sesión precedida por tensiones callejeras entre seguidores y rivales de Pérez, el diputado Roberto Alejos, del opositor partido Todos, admitió al razonar su voto que los miembros de la clase política “hemos venido abusando de un pueblo que cada cuatro años da su voto creyendo que va a mejorar su calidad de vida y no lo consigue”.
