Brasilia.— El gobierno de Brasil anunció ayer un recorte de gastos y aumentos de impuestos por un total de 16 mil 900 millones de dólares (65 mil millones de reales), parte de un plan para cerrar un déficit presupuestario que provocó una baja de la nota crediticia del país la semana pasada.

El mayor punto del plan es el restablecimiento del impopular impuesto a las operaciones financieras conocido como CPMF (Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros), que podría permitir recaudar 32 mil millones de reales en 2016 si lo aprueba un Congreso que se opone a nuevos tributos.

El drástico recorte de gastos golpea por primera vez a programas de salud y de viviendas, inversiones en infraestructura y subsidios agrícolas, así como salarios y bonificaciones para empleados públicos. El gobierno redujo los subsidios fiscales a la industria química, recortó los reembolsos a exportadores de productos manufacturados en 2 mil millones de reales, y elevó el impuesto a las ganancias de capital hasta un 30% para generar nuevos ingresos por mil 800 millones de reales.

Las medidas apuntan a acortar un déficit de 30 mil millones de reales en el presupuesto 2016, que la presidenta Dilma Rousseff envió al Congreso el mes pasado, y alcanzar la meta de superávit primario de un 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Estamos atravesando tiempos difíciles y tenemos que ajustar un montón de cosas”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Joaquim Levy.

Esta última ronda de recorte de gastos incluye la eliminación de 10 ministerios federales en Brasilia, una medida simbólica que sólo permitirá ahorrar 200 millones de reales. Los recortes en salud pública y vivienda serán un trago amargo para Rousseff, quien junto a su Partido de los Trabajadores se ha resistido aplicar la tijera en los programas sociales.

Las medidas fueron anunciadas días después de que la agencia de riesgo Standard & Poor’s (S&P) redujera la nota de Brasil al nivel BB+, considerado como de “bono basura”, lo que supuso retirarle el “grado de inversión” que califica a los buenos pagadores.

Sindicatos se revelan contra Dilma. Treinta organizaciones sindicales y movimientos sociales de Brasil organizan un protesta para el próximo viernes en Sao Paulo contra el gobierno de Dilma Rousseff y la oposición, por querer reducir derechos laborales en tiempos de crisis económica.

El sindicato de los metalúrgicos de Sao José de los Campos, una de las ciudades industriales más importantes de Sao Paulo, convocó a la llamada Marcha Nacional de los Trabajadores en demanda del “fin del ajuste fiscal y las medidas que reducen los derechos laborales y favorecen a los empresarios”.

Entre los participantes de la manifestación estarán los trabajadores de una fábrica de autos de General Motors que se encuentran en lay-off a causa de la crisis del sector automotriz, en un país en el que las ventas de vehículos cayeron 20% en lo que va del año.

Las huelgas contra el gobierno de Dilma Rousseff, algunas de ellas de los propios sectores sindicalistas que apoyaron su reelección, se han multiplicado durante los últimos meses debido al empeoramiento de las perspectivas de crecimiento económico del país, ya que Brasil sufre su peor recesión en más de una década.

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