Guatemala.— La comisión investigadora del Congreso creada para indagar al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina en un caso de defraudación al fisco, citó para hoy al mandatario, quien enfrenta demandas desde diversos sectores para que renuncie al cargo.
La convocatoria al gobernante, anunciada ayer, figura entre las primeras acciones de la comisión legislativa, que añadió que el lunes entregará un informe con sus conclusiones.
En su condición de jefe de Estado, Pérez Molina no está obligado a acudir ante la comisión investigadora, que está integrada por los diputados oficialistas Mario Linares y Gloria Sánchez, Jorge Barrios Falla y Sergio Celis del Partido Líder, que actualmente apoya al presidente, y Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala, independiente. Pérez puede enviar a un abogado en su nombre, como ya sucedió en la anterior petición de antejuicio en su contra.
La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron a la Corte Suprema de Justicia iniciar los trámites de antejuicio contra Pérez por considerar que hay indicios de una presunta participación en la red denominada “La Línea”, en la que funcionarios y particulares recibieron sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos, desfalcando así al fisco por millones de dólares.
La diputada Montenegro virtualmente obligó ayer a que los miembros conformaran la comisión, para lo cual contó con el apoyo de Barrios y Celis. Los otros dos diputados oficialistas se incorporaron cuando arreciaban pedidos a través de las redes sociales y se registraba una protesta a las puertas del Congreso que exigían que se integraran. “Traje mi maleta y no me voy a mover de aquí hasta que se integre la comisión para que el lunes se tenga un dictamen”, dijo en conferencia de prensa.
La comisión investigadora citó ayer a los miembros de la fiscalía y de la CICIG para escucharlos. Estos organismos fueron los que solicitaron el antejuicio contra el mandatario, quien rechaza los cargos y afirma que no renunciará.
A juicio de ambos entes, las acusaciones contra Pérez no están apoyadas en “motivos espurios o políticos”, sino en pruebas e informes fehacientes obtenidos bajo la ley y que indican que es “altamente probable” que él haya “conocido, participado y avalado” actividades de la red de defraudación aduanera en la que están involucradas casi medio centenar de personas, incluyendo la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien ya está detenida.
El informe de la comisión, que se presentará este lunes ante la Junta Directiva del Congreso si se cumplen los plazos, debe ser conocido en pleno, cuando el presidente del Congreso, Luis Rabbé, convoque a sesión. AP y EFE