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Es delgada y pequeña. No supera los 1,20 metros de estatura y solo tiene 11 años. La carpa en la que ha dormido estos últimos tres días, ubicada en un albergue en el colegio municipal de Cúcuta, en Norte de Santander, la comparte con otros niños. (Además: 'Los problemas en Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia')
La sonrisa que en medio de la inocencia se asoma en su rostro, de ojos grandes y oscuros, no es completa cuando se le pregunta por su papá. Se llama Paola y llegó deportada de Venezuela el pasado domingo con su madre Maritza Fuentes y su hermana Carolina, de 8 años, cuando hombres de la guardia venezolana llegaron a su casa en la invasión Ezequiel Zamora y los sacaron por ser colombianos.
La niña comparte la tristeza de su mamá. Su padre y su hermanito Felipe, de 5 años, se encuentran escondidos en el vecino país a la espera de que en cualquier momento puedan pasar la frontera para reencontrarse.
La razón, el pequeño, de nacionalidad venezolana, corre el riesgo de quedarse en esa nación si la Guardia Nacional así lo decidiera, ya que los uniformados les dijeron cuando empezó la expulsión, que los niños nacidos en ese territorio tenían que quedarse.
“Sin uno de los hijos uno se siente vacío”, dijo Maritza abrazada a sus dos pequeñas.
“No sé qué sería de mí si me lo arrebatan esos seres desalmados. Mi familia está rota por el Gobierno de Maduro”, añadió la mujer.
Y es que desde que comenzó la redada de las autoridades del vecino país para sacar a los connacionales de ese territorio, el temor se concentró en la posibilidad de muchos de perder la potestad sobre sus hijos, niños de nacionalidad venezolana que son reclamados por la Lopna (ley orgánica para la protección del niño y el adolescente), organismo que trunca la salida de esa nación.
Desde el otro lado del río Táchira, en el corregimiento La Parada, en territorio colombiano, Óscar Sepúlveda, de 61 años, esperaba ver la mañana del martes después de cinco días a sus siete nietos, todos venezolanos, que también estaban escondidos en una de las casas de la invasión Mi Pequeña Barinas.
Entre una multitud de colombianos que residían en esa zona, que iban y venían por una polvorienta trocha en el sector conocido como La Playa que comunica a Colombia con Venezuela, en un intento por traerse al hombro lo poco que quedó de sus casas, el hombre pudo abrazar de nuevo a sus niños.
“Nos dijeron que se iban a cargar los nietos, que los colombianos se fueran, que los niños se quedaban. Yo prefiero que se pierda todo, pero no dejarlos allá”, dijo el anciano que llegó a ese país hace nueve años tras ser desplazado por la guerrilla en Cucutilla, un municipio de Norte de Santander.
El fenómeno de familias separadas también se ha reflejado en el hogar de los jóvenes. Este es caso de Yenny Bustos, quien cuenta que la discriminación tocó con botas y fusil la puerta de su casa.El pasado sábado uniformados la sacaron de la vivienda que compartía con su esposo, un venezolano de 27 años.
Desde ese día no sabe nada de su pareja, de quien asegura fue separada porque “ella era la colombiana de la casa”. Hoy refugiada en el albergue del Colegio La Frontera en Villa del Rosario, espera que su reencuentro se dé pronto y que todos los planes que tienen para su joven hogar se puedan realizar en su país natal.
En el Centro de Migraciones, una construcción de un solo piso donde están refugiados 200 colombianos de los más de los 1.071 deportados registrados oficialmente, se encuentra Ramón Sánchez, natural del El Tarra, Norte de Santander.
El colombiano fue abordado cuando caminaba por las calles de Ureña, en el estado Táchira, en Venezuela. En esa población dejó su esposa y a sus dos hijos, de 15 y 5 años de edad, con quienes desesperadamente busca reunirse lo más pronto posible.
Aún no sabe cuándo los podrá ver, pues les recomendó que mientras la situación no se mejore, es preferible que no intenten salir de ese país.
Por lo pronto, las autoridades colombianas han insistido en la importancia de la reunificación familiar en medio de la crisis que se vive en esa esquina del país.
ae