La Procuraduría General de Colombia solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “imponga medidas cautelares al gobierno de Venezuela para que cese el ataque contra la población colombiana en la frontera” .
El Ministerio Público anunció en un comunicado que la demanda contra Venezuela se hará en “cumplimiento de sus funciones constitucionales de la defensa de los derechos de los colombianos” .
Para la Procuraduría General de la Nación es inaceptable que la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya desconocido la víspera “la gravísima situación en la frontera binacional”, tras una reunión que sostuvo en Cartagena de Indias con su par colombiana María Ángela Holguín.
Ambas cancilleres conversaron este miércoles acerca de la situación en su frontera, luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el viernes un estado de excepción por 60 días, que supuso el cierre de la frontera y la deportación de más de mil 500 colombianos, así como el éxodo de cientos de personas.
“Es inaceptable que niegue la política de ataque sistemático a la población colombiana en la frontera, con lo que justifica esa execrable actuación del gobierno de Nicolás Maduro y deja claro que dicha política la mantendrán” , señaló el ente oficial.
Subrayó que es “inaceptable que el gobierno de Venezuela acuse a los medios de comunicación y los responsabilice de la crisis, por informar sobre los ataques a que están siendo sometidos los colombianos”.
“Es inaceptable que se exija al gobierno colombiano que se someta a control los medios de comunicación. Colombia es una democracia donde no es posible la censura y sí existe la libertad de prensa”, subrayó.
Es necesario - dijo - que el gobierno de Juan Manuel Santos “exija con firmeza el desmonte de esa política sistemática de ataque contra los colombianos. La crisis con Venezuela no se resuelve con la simple reapertura de la frontera, sino con el fin de dicha política” .
La Procuraduría presentará “la próxima semana ante la fiscal de la Corte Penal Internacional un informe sobre la política venezolana de ataque sistemático a la población colombiana, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, para que esta la asuma de forma oficial”.
Venezuela mantiene - desde el viernes pasado - el cierre de una franja de la frontera binacional, y las deportaciones masivas de colombianos, que hasta este jueves superan las mil 500 personas, violando el derecho internacional humanitario.
El estado de excepción decretado por Maduro entró en vigor en un sector de la frontera entre Venezuela y Colombia, motivado por un ataque de desconocidos la semana pasada que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos en la ciudad de San Antonio del Táchira.
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