Los gobiernos y las organizaciones regionales de América Latina, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otras, deberían condenar la inhabilitación arbitraria de, al menos, cinco importantes candidatos de oposición que aspiraban a postularse en las próximas elecciones de Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch.
La organización por los derecho humanos dijo en un comunicado que los cinco casos recientes "son preocupantes porque implican una interferencia arbitraria en el derecho a la participación política. En cambio, no se ha inhabilitado a ningún candidato del partido oficialista".
HRW también destacó que el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado a Venezuela por inhabilitar a políticos de oposición para ejercer cargos públicos y participar como candidatos en elecciones.
“Es crucial que las próximas elecciones en Venezuela se celebren de manera libre y justa, y que todas las opciones sean tenidas en cuenta”, dijo José Miguel Vivanco, director de la organización para las Américas. “Para que eso suceda, el gobierno venezolano debe asegurarse de que todos los candidatos con derecho a postularse puedan figurar en las boletas”.
Dos de los candidatos inhabilitados, Daniel Ceballos y Vicencio Scarano, eran alcaldes de oposición cuando fueron removidos de sus cargos y condenados a prisión en juicios que, señala el comunicado de HRW, violaron el debido proceso por supuestamente no evitar que manifestantes obstaculizaran el tránsito en sus municipios.
Además, fueron inhabilitados por no haber presentado sus declaraciones juradas patrimoniales dentro del plazo establecido por ley, pese a que se encontraban detenidos en una prisión militar en el momento cunado venció el plazo.
Otra candidata, María Corina Machado, es una ex legisladora opositora que fue destituida por la Asamblea Nacional a principios de 2014 tras declarar sobre la situación de los derechos humanos en el país durante una reunión de la OEA en Washington.
En diciembre, fue imputada por el delito de conspiración por su supuesta participación en un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, aunque los documentos oficiales del caso, que fueron consultados por Human Rights Watch, indican que no hay evidencias creíbles para fundamentar tal acusación.
Desde junio de 2014, la ex diputada tiene prohibido salir del país desde junio de 2014, por otra acusación penal pendiente. En meses recientes y al acercarse el momento de postulares a las elecciones legislativas, fue inhabilitada por no incluir en su declaración patrimonial bonos de alimentación (llamados “cesta tickets”), que ella afirma que nunca recibió.
Otros dos ex gobernadores de partidos de oposición — César Pérez Vivas, del estado de Táchira, y Pablo Pérez, del estado de Zulia — fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por varios años porque están siendo investigados por corrupción.
Conforme al derecho venezolano, la Contraloría General tiene la atribución de “suspender”, destituir o inhabilitar, durante períodos de distinta duración, a personas que estén siendo investigadas, y estas no podrán presentar sus candidaturas durante esos períodos.
Sin embargo, señala HRW, estas normas son inconsistentes con estándares regionales actuales de derechos humanos, que estipulan que nadie puede ser impedido de presentarse como candidato salvo que haya sido condenado por la comisión de un delito.
El contralor general, que fue designado en diciembre de 2014 por el oficialismo y con una mayoría simple de votos en la Asamblea Nacional, fue anteriormente procurador general del gobierno de Maduro. Ese cargo tiene como misión principal defender los intereses del gobierno ante los tribunales.
Las decisiones del contralor general pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sin embargo, la organización por los derechos humanos afirma que, desde hace tiempo, el gobierno interfiere con el sistema judicial venezolano y ha copado el Tribunal Supremo con jueces leales al oficialismo.
En julio, Diosdado Cabello, el presidente oficialista de la Asamblea Nacional, señaló, luego de que se le preguntara al respecto en una entrevista televisiva, que si bien algunos miembros del partido gobernante habían sido inhabilitados anteriormente para ocupar cargos públicos, ningún candidato del oficialismo ha sido inhabilitado para participar en las elecciones del próximo diciembre.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que una ley podrá reglamentar el ejercicio de derechos políticos “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
La Corte Interamericana concluyó que estos requisitos no se cumplieron cuando el contralor general inhabilitó a un candidato de oposición para ejercer cargos públicos.
El mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió que la sentencia de la Corte Interamericana era “inejecutable” y que la Corte había pretendido imponer “criterios políticos e ideológicos absolutamente incompatibles con [el] sistema constitucional [venezolano]”. A partir de ese momento, el contralor general ha invocado esta decisión del Tribunal Supremo de 2011 para ratificar inhabilitaciones políticas; por ejemplo, en el caso de Ceballos.
Desde septiembre de 2013, cuando entró en vigor la denuncia de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos y residentes del país no pueden solicitar la intervención de la Corte Interamericana por hechos ocurridos después de esa fecha.
En julio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuestionó la decisión de inhabilitar a Machado, y señaló que “cualquier inhabilitación o proscripción política no se puede implementar desde el punto de vista administrativo”. La OEA aspira a observar las próximas elecciones legislativas, pero el Presidente Maduro ha rechazado abiertamente cualquier posibilidad de veeduría significativa por parte de organizaciones internacionales.
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