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La Corte Suprema de Justicia de Guatemala propinó ayer una nueva derrota judicial al acorralado presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, y autorizó, por unanimidad, que el Congreso le someta a un antejuicio y decida si le despoja de la inmunidad para que sea enjuiciado penalmente, como supuesto cabecilla de una estructura criminal que ejecutó una millonaria defraudación fiscal en las aduanas.
Los 13 magistrados de la Corte aprobaron remitir el expediente de Pérez al parlamento. El máximo tribunal atendió una solicitud planteada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) —ente avalado por Naciones Unidas—, que el pasado viernes acusaron a Pérez de ser el presunto jerarca de la red que provocó la defraudación aduanal y pidieron al Congreso que le inicie un antejuicio para que se decida si se le retira el fuero y sea enjuiciado.
Las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG apuntan a que Pérez Molina y la detenida ex vicepresidenta Roxana Baldetti dirigían La Línea, un grupo criminal que cobraba sobornos por el paso de mercancías importadas sin pagar los impuestos correspondientes.
Tras dos jornadas de audiencia previa, Baldetti fue imputada oficialmente ayer por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo y enviada a prisión preventiva.
En este contexto, campesinos guatemaltecos bloquearon ayer más de una docena de las principales carreteras de Guatemala para exigir la renuncia del gobernante, en una masiva protesta popular que agudizó su aislamiento. Los bloqueos impidieron el tránsito vehicular en occidente, oriente, centro, sur y norte del territorio guatemalteco.
En uno de los puntos hubo un enfrentamiento entre policías y campesinos, con saldo de dos efectivos heridos. Los movimientos de protesta anunciaron que mañana habrá una masiva concentración en la capital, para intensificar sus reclamos.
El gremio de educadores convocó a un paro de escuelas y colegios, a partir de hoy, para reafirmar las crecientes demandas en contra del mandatario, en un acelerado agravamiento de la crisis institucional que sacude a ese país desde mediados de abril anterior por el estallido de una serie de escándalos de corrupción política en las aduanas, la seguridad social, la policía y otras instancias estatales.
En una alocución al país el domingo anterior, el presidente rechazó los cargos, se negó a renunciar y aseguró que demostrará su inocencia ante el Congreso. Ante la desbandada en su gabinete que se ha registrado desde el sábado anterior, Pérez nombró ayer a varios de sus sustitutos.
La crisis se agudiza mientras avanza la cuenta regresiva para los comicios generales del 6 de septiembre, sumidos en un escenario de inconformidad nacional e incertidumbre política ante el acoso de las cúpulas católicas, empresariales, indígenas, campesinas, obreras, estudiantiles e intelectuales de exigir que el gobernante dimita.
Ríos Montt, a juicio. La justicia guatemalteca no cesará el procesamiento penal del retirado general y ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, quien a sus 89 años deberá enfrentar el juicio pese a la demencia recientemente certificada por un equipo de especialistas.
Los expertos certificaron que Ríos Montt sufre una demencia vascular mixta, pero el dictamen no bastó para que el proceso, en el que se le acusa por la matanza de mil 771 indígenas mayas ixiles durante la dictadura que gobernó el país entre 1982 y 1983, llegara a su fin. El tribunal B de Mayor Riesgo fijó el 11 de enero de 2016 como fecha de inicio de un “juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección”, lo que significa que se celebrará a puertas cerradas.
Con información de agencias