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Un juez federal suspendió el martes de manera temporal el uso de dos fármacos para ejecuciones en el estado de Mississippi, con lo que por el momento quedó bloqueada la aplicación de la pena de muerte en la entidad.
El juez de distrito Henry T. Wingate emitió una orden de restricción temporal en la que afirma que las autoridades de Mississippi no pueden utilizar pentobarbital ni midazolam, dos de los fármacos usados para dejar inconscientes a los prisioneros. La ley estatal obliga a un proceso con tres sustancias: un sedante, seguido de un agente paralizador y un fármaco que detiene el corazón del sentenciado.
Jim Craig, abogado de dos reos, señaló que Wingate emitió su decreto de manera oral el martes durante una conferencia telefónica con él y otros abogados. Supuestamente el juez iba a dar la sentencia por escrito, pero no se ha obtenido una copia del documento.
Grace Simmons Fisher, portavoz del Departamento de Correccionales de Mississippi, señaló en un correo electrónico que la orden prohíbe que el estado utilice cualquier otro fármaco para ejecutar a un prisionero condenado. Las autoridades estatales no tardaron en tomar nota y aseguran que solicitarán a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que revierta la decisión de Wingate.
"Estamos tremendamente decepcionados de que una corte federal haya frustrado los deberes legales del Estado de Mississippi para ejercer la sentencia penal del castigo capital" , señaló el secretario de Justicia, Jim Hood, en un comunicado. "Hace apenas unos meses, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el método de inyección letal de Oklahoma. El método de Mississippi es similar al de Oklahoma. Creemos firmemente que la corte distrital aplicó mal la ley" .
Craig anticipa que Wingate emita una orden judicial preliminar que congele todas las ejecuciones hasta que se complete el caso. Señaló que el juez les dijo a los abogados que lo acelerará.
Mississippi es uno de varios estados que enfrenta desafíos legales con respecto a la inyección letal. La oficina de Hood solicitó en julio a la Corte Suprema que fijara una fecha de ejecución para el martes del asesino condenado Richard Jordan, uno de los demandantes, pero que la corte estatal nunca tomó cartas en el asunto.
Los prisioneros aseguran que enfrentan el riesgo de un dolor extremo y tortura durante la ejecución, y que dicho dolor viola la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe un castigo cruel e inusual.
La demanda señala que no existe una garantía de que Mississippi pueda mezclar de manera segura un anestésico efectivo para poner a los prisioneros en un estado de inconciencia, y que incluso si lo logra, es posible que los reos puedan permanecer conscientes durante la ejecución.
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