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Otto Pérez Molina rechazó anoche las exigencias de la jerarquía católica, la cúpula empresarial privada y los movimientos de obreros, indígenas, campesinos, estudiantes e intelectuales para que renuncie a la presidencia de Guatemala y anunció que está dispuesto a someterse a un antejuicio en el Congreso que decidirá si se le retira la inmunidad, tras haber sido acusado el viernes anterior de dirigir una red criminal que ejecutó una millonaria defraudación fiscal al evadir el pago de impuestos aduanales.
“No renunciaré”, anunció Pérez en tono de contundencia en un mensaje grabado de poco más de cuatro minutos, transmitido por enlace de radio y televisión en medio de una intensa expectativa política, y mientras centenares de manifestantes frente a la Casa Presidencial exigían su dimisión con una consigna: “Guatemala no se cansa”. “Con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan”, recalcó.
Tras recordar que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) “pretenden vincularme con el caso La Línea”, la red que ejecutó la millonaria defraudación, respondió: “Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma (red) y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Mi conciencia está tranquila”.
“Daré la cara y demostraré ante la institucionalidad que no he sido parte y muchos menos receptor de esos fondos mal habidos”, replicó, y luego pidió perdón a los guatemaltecos porque el fraude se cometió en su gobierno, debilitado por la cadena de renuncias de ministros desde el sábado.
El MP y la CICIG, ente que, desde su instalación en 2007 con respaldo de Naciones Unidas, ha combatido la impunidad que por décadas prevaleció en el aparato judicial y político guatemalteco, identificaron a Pérez como cabeza de la estructura criminal. Ambas instancias pidieron al Congreso iniciar un antejuicio sobre la inmunidad.
“No hay una línea, son dos. Hasta ahora ha aparecido la que recibe (sobornos) pero no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial y que espero pronto aparezca en toda su magnitud”, alegó. El presidente fustigó con dureza al Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que aglutina a la iniciativa privada y que el viernes pasado pidió la inmediata renuncia de Pérez.
Ayer en la tarde, monseñor Óscar Vian Morales, arzobispo metropolitano y jerarca de la Iglesia Católica, pidió la inmediata renuncia del presidente, en una oleada de agitación como preámbulo de una nueva jornada de masivas protestas callejeras, a partir de mañana, para exigir la renuncia del presidente. Por las acusaciones, la “mejor decisión” es que renuncie y enfrente a la justicia a mostrar su inocencia, porque “este gobierno al igual que otros dijo que amaban a Guatemala, pero en realidad robaron a los pobres”, recalcó. “La mayoría de católicos” favorece la dimisión y Pérez debe oír “ese clamor”, dijo.
Ante un decorado de zozobra política, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió ayer que aunque “ve con preocupación los últimos acontecimientos políticos en Guatemala, incluyendo llamadas de distintos sectores de la sociedad para la postergación de las elecciones programadas para el 6 de septiembre”, también “es indispensable” que los comicios “se celebren conforme al orden constitucional vigente”. A las dimisiones el sábado de los ministros de Economía y de Educación y del Comisionado para la Competitividad, se unieron ese día las de cuatro viceministros. Los de Agricultura y Ganadería y de Salud dimitieron ayer.
jram
