El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, sobrevive en el desamparo político total, repudiado por el poderoso gremio empresarial y acorralado por los movimientos sindicales, indígenas, campesinos, estudiantiles e intelectuales, en una oleada de protestas en las que unos y otros coinciden en exigir la inmediata renuncia del mandatario por las acusaciones de corrupción que abaten a su gobierno en la recta final de un cuatrienio que concluirá en enero de 2016.
Para agravar la situación, Pérez recibió ayer las renuncias de tres de sus ministros —Sergio de la Torre, de Economía; Cynthia del Águila, de Educación; y Juan Carlos Paíz, comisionado para la Competitividad—, quienes se declararon decepcionados luego de que el gobernante fuera señalado como cabecilla de “La Línea”, estructura criminal creada para evadir el pago de impuestos en las aduanas guatemaltecas, en una millonaria defraudación fiscal que provocó el mayor cisma político en la administración Pérez. No se descartan otras renuncias.
De la Torre dijo en rueda de prensa que la investigación difundida el viernes “nos hace sentir decepcionados” y que por “los principios y valores” por los que se mantuvieron en los cargos, “ya no podemos continuar”. Del Águila aseguró sentirse “decepcionada y traicionada” y Paíz adujo que aunque la decisión de dimitir es difícil, tampoco pudo evitarla ante los contundentes señalamientos en contra del jefe de Estado.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia querellante instalada en 2007 con apoyo de las Naciones Unidas, denunciaron el viernes que Pérez y su ahora encarcelada ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron los principales jefes de “La Línea”, y solicitaron al Congreso que inicie un antejuicio al gobernante para decidir si se le levanta la inmunidad para que sea enjuiciado.
Baldetti fue detenida el viernes y está en una prisión militar, donde permanecerá hasta que el juez Miguel Ángel Gálvez escuche su primera declaración este lunes y decida su situación jurídica. Pérez aseveró que enfrentará la situación y seguirá “dando la cara”.
Tras el destape del organigrama criminal de “La Línea”, el poderoso e influyente Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que aglutina a la iniciativa privada, exigió la renuncia de Pérez como “precedente claro y contundente”. El diario Prensa Libre, el principal de Guatemala, aseguró ayer en su editorial que la dimisión de Pérez “ya es el único camino”, porque el mandatario se quedó “sin alternativa” y “sin apoyo” por las revelaciones del MP y la CICIG con sus detalles “demoledores”.
Por décimo octavo sábado consecutivo, miles de guatemaltecos se manifestaron ayer en la capital y en otras ciudades de Guatemala con actos pacíficos de repudio a la corrupción política, en una crisis que se precipitó desde que, a mediados de abril, el Ministerio y la CICIG revelaron la defraudación en aduanas y luego otros fraudes y estafas en la seguridad social y el aparato policial, entre otras dependencias. La CICIG denunció en julio que el crimen organizado penetró a los partidos políticos.