Brasilia.— El ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil Gilmar Mendes pidió ayer una investigación a la campaña para la reelección de la presidenta Dilma Rousseff en 2014, citando evidencia de que podría haber sido financiada con dinero de una trama de corrupción en la estatal Petrobras, lo cual, de confirmarse, podría dar inicio a una acción penal que derive en su destitución, informaron medios locales.

En un documento enviado a los fiscales y la policía federales, Mendes dijo que una investigación de 17 meses sobre un enorme escándalo de fijación de precios y sobornos políticos halló evidencia de que el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff fue financiado indirectamente con dinero robado a Petrobras. Según el portal del diario O Estado de Sao Paulo, el magistrado se basa en informaciones dadas por el empresario Ricardo Pe-ssoa, dueño de UTC, una constructora contratista de Petrobras, y quien está arrestado por sus nexos con la trama ilegal en la petrolera.

En el marco de un acuerdo de colaboración con los investigadores, Pessoa, sostiene el medio, dijo que donó 7.5 millones de reales (unos 2.2 millones de dólares) a la campaña electoral de Rousseff de 2014, cuando conquistó en las urnas de octubre su segundo mandato.

Por ello, de acuerdo con el portal del diario Folha de Sao Paulo Mendes habría recomendado al fiscal general Rodrigo Jantot la apertura de la investigación, basándose en la sospecha de que la campaña de Rousseff incurrió en los delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica.

La solicitud del TSE es un nuevo golpe para Rousseff, quien no está entre las decenas de políticos bajo investigación por recibir sobornos pero ha visto caer su popularidad a números de un dígito como resultado del escándalo y una economía estancada. El PT afirma que todas las donaciones fueron legales y fueron registradas apropiadamente ante las autoridades electorales.

El jueves, los fiscales acusaron al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de recibir un soborno por el equivalente a 5 millones de dólares.

Las finanzas de la campaña de reelección de Rousseff fueron juzgadas y aprobadas con objeciones en diciembre de 2014. Mendes fue el relator de esa rendición y mantuvo el proceso abierto para investigar eventuales irregularidades. Según el Folha, además de UTC habrían donado de manera ilícita a la campaña de Rousseff, favoreciéndose con la trama ilegal, otras grandes constructoras implicadas en el caso Petrobras, como Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, OAS y Norberto Odebrecht. DPA y Reuters

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