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En una sentencia de una severidad inédita en Uruguay, 17 funcionarios del sistema de reclusión para menores fueron enviados a la cárcel y se les inició un proceso por el delito de tortura.
La sentencia fue firmada por el juez Gustavo Iribarren, quien también procesó, aunque sin prisión, a otros nueve funcionarios por complicidad. Entre estos últimos se encuentra el presidente del sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, José Lorenzo López, quien también es vicepresidente de la central sindical única del país.
Cuando se conoció la sentencia hubo gritos, llantos y protestas en la puerta del juzgado de parte de familiares y otros funcionarios del Instituto.
Los funcionarios fueron acusados luego de que la prensa divulgara un video en el cual se ve cómo someten a dos menores infractores en un establecimiento de reclusión. Las imágenes muestran que una vez que los jóvenes están controlados y esposados en el piso, un funcionario le aplica un par de puntapiés a uno de ellos mientras el resto observa.
"En los hechos probados había un trato que negaba la dignidad de las personas privadas de libertad y ese trato se entendió que es cruel" , dijo el juez Iribarren al explicar su resolución en rueda de prensa al abandonar el juzgado.
En cambio, los colegas de los sentenciados a prisión criticaron el fallo judicial.
"Cualquiera que haya visto el video puede concluir que es un disparate aplicar el delito de tortura" , dijo a la prensa Carlos Salaberry, dirigente del sindicato del Instituto. "Es un fallo absolutamente irracional. Para nosotros todas las garantías han desaparecido, cualquier trabajador que entre a trabajar mañana corre el riesgo de ser procesado" .
Salaberry dijo que el fallo es un ataque del gobierno contra el sindicato. El dirigente admitió que uno de los funcionarios le pegó una patada a un joven en el suelo, actitud que condenó, pero negó que existieran otros actos de violencia.
En junio de 2014 un grupo de organizaciones sociales uruguayas denunció ante el Comité sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en Ginebra, que los menores de edad que son detenidos sufren maltrato, golpizas y torturas en Uruguay.
Los denunciantes sostenían que "tenemos testimonios creíbles de detenciones y prácticas de tortura en seccionales policiales de adolescentes sospechados de haber cometido delitos y más recientemente de niños y niñas en situación de calle que han llegado a denunciar golpizas y prácticas de tortura que incluyen la modalidad conocida como submarino seco y húmedo".
ahd
