Varios funcionarios de medio rango de Binhai, el distrito portuario de Tianjin donde se sitúa la terminal de contenedores siniestrada el pasado 12 de agosto, están siendo investigados por sospechas de que aceptaron sobornos.
Así lo publica el Diario del Pueblo, portavoz del Partido Comunista de China (PCCh) , en un breve comentario divulgado en su cuenta de Twitter, en el que no especifica las identidades de los investigados.
Por otro lado, el presidente y el vicepresidente de la empresa Ruihai International Logistics, propietaria de la terminal de contenedores en la que se produjeron las explosiones que han dejado, de momento, 114 muertos y 59 desaparecidos, han sido detenidos, además de otros ejecutivos de la compañía.
El Consejo de Estado (Ejecutivo chino) anunció hoy que ha establecido un equipo encargado de investigar las causas de las explosiones, y que "castigará severamente a los responsables" .
Encabezará dicho equipo el viceministro de Seguridad Pública Yang Huanning, con el objetivo de determinar responsabilidades y definir "la gravedad y naturaleza del accidente" , que ha despertado el temor a una catástrofe medioambiental en uno de los puertos más activos de China.
Por otro lado, el Tribunal Supremo chino, en la práctica supeditado al Partido Comunista, al no haber independencia judicial, anunció el domingo la puesta en marcha de una investigación para averiguar si hubo negligencias que provocaron las explosiones.
Además de la supuesta tenencia de productos químicos peligrosos sin licencia, hay otras posibles irregularidades como el desconocimiento de si los bomberos fueron informados de que había productos inflamables en el almacén cuando fueron a apagar un fuego previo, lo que pudo provocar la explosión ante el contacto con agua.
