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Caracas.— Ocho policías venezolanos fueron arrestados y serán procesados por un presunto ajusticiamiento de cuatro jóvenes, informó ayer la fiscalía del país.
Las detenciones tuvieron lugar tras la difusión en redes sociales esta semana de un video que muestra cómo un joven que era sostenido por uniformados cae al piso tras escucharse un disparo, mientras que otros individuos yacen tendidos en el suelo.
Tras la difusión del video, el gobierno abrió una investigación sobre la policía del estado de Aragua, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz venezolano, luego de una solicitud del gobernador estatal, Tareck El Aissami, quien dijo en un comunicado que ordenó la detención de los efectivos por esa “aborrecible y desviada práctica policial”. El hecho de violencia tuvo lugar en un país al que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha catalogado como el segundo más violento del mundo.
Los policías serán imputados “por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro hombres” de entre 21 y 35 años durante un operativo que se efectuó en una zona industrial el miércoles 5 de agosto, según el comunicado de la fiscalía.
El incidente fue condenado ayer mismo por el líder opositor y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, quien se quejó a través de internet de que las autoridades actuaron hasta después de que el video se divulgara en los medios. “Cuántas otras cosas no habrán sucedido bajo una absoluta complicidad”, agregó.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) cuestionó el plan de seguridad que activó el mes pasado el gobierno alegando que representa una “razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres, pero también a otros sectores de la sociedad”.
Provea, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, indicó que hasta la fecha la fiscalía general y la Defensoría del Pueblo no han abierto investigaciones sobre las denuncias realizadas por familiares de personas fallecidas durante la aplicación del plan de seguridad sobre presuntas ejecuciones policiales.
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González López, defendió las acciones realizadas en varios puntos del país y aseguró que los funcionarios actuaron apegados a la ley. Provea reportó en su informe anual de 2014 un incremento en el número de víctimas de violación del derecho a la vida, de los cuales 85.9% correspondieron a ejecuciones. Reuters y AP
