Madrid.— En una decisión sorprendente y contraria a la opinión del juez del caso, José Castro, la Audiencia de Palma de Mallorca (Islas Baleares) decidió ayer rebajar la fianza de responsabilidad pecuniaria a la infanta Cristina, hermana menor del rey y jefe de Estado español, Felipe VI, y sexta en la línea de sucesión al trono, de casi 2 millones 700 mil euros a menos de medio millón. Una decisión con la que la Audiencia de Palma acepta parcialmente el recurso presentado por los abogados de la infanta, quienes habían argumentado que la cantidad fijada era “absolutamente desproporcionada”.
La infanta está imputada en el caso Noós junto con su marido Iñaki Urdangarin, quien está acusado de delitos como evasión fiscal, prevaricación, malversación de fondos, falsedad, fraude a la administración y blanqueo de capitales.
Se calcula que él y su ex socio Diego Torres se apropiaron de hasta 20 millones de euros de los gobiernos de las comunidades autónomas valenciana, balear y de Madrid así como de organismos públicos y privados aprovechándose de su condición de yerno del rey Juan Carlos. Y que Urdangarin desvió el dinero obtenido a un entramado de sociedades que él mismo creó para su enriquecimiento personal.
Además, contrató a empleados “fantasma”, pagó con dinero negro hasta a sus propias empleadas domésticas (extranjeras y sin permiso de residencia ni de trabajo), hizo facturas falsas, infló contratos con tarifas muy superiores al coste real del trabajo, no declaró sus ingresos a Hacienda y desvió el dinero a paraísos fiscales.
En el caso de la infanta, el juez José Castro la acusa de cometer dos delitos fiscales (por los que podría ser condenada a una pena máxima de cuatro años de cárcel), ya que contribuyó como socia de la empresa Aizoon, de la que era accionista al 50% junto con su marido, a que éste facturase las retribuciones que recibió de numerosos organismos privados y públicos de los que era asesor, a través de esta sociedad como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen y no personales, pese a que efectivamente se trataba de gastos personales como viajes familiares, fiestas infantiles, monitores de gimnasia, comidas en restaurantes y demás…
En su auto el juez aseguró que la infanta pagó menos impuestos en los años 2007 y 2008. Por lo tanto, y según Castro, es “cooperadora necesaria” en los delitos fiscales perpetrados por su marido en los ejercicios 2007 y 2008. El juez le impuso además una fianza por casi tres millones de euros. Ahora, la Audiencia de Palma ha dado la razón en parte a la infanta.
Cerrada la fase de instrucción se espera que el juicio comience antes de que acabe el año.
Y en la causa hay otros muchos imputados (y algunos de ellos ya en prisión), como el ex socio de Urdangarin, Diego Torres; numerosos políticos del gobernante Partido Popular (PP) y funcionarios públicos nombrados por el ex presidente de la comunidad balear Jaume Matas.
En el caso de la infanta Cristina, será el primer miembro de la Familia Real española que se siente en el banquillo de los acusados.
Tras su imputación fue apartada de la Familia Real y se mudó a Ginebra (Suiza), donde vive con su marido y sus cuatro hijos. Sin embargo, no ha renunciado a sus derechos dinásticos pese a que su padre y su hermano se lo han pedido. Hace unas semanas sí envió una carta escrita de su puño y letra a su hermano el rey, en el que le anunciaba su renuncia al título de Duquesa de Palma de Mallorca. Un título que le concedió su padre, el rey Juan Carlos, el 26 de septiembre de 1997 con motivo de su boda con Iñaki Urdangarin. Pero cuando empiece el juicio en su contra y se siente en el banquillo, seguirá siendo la sexta en la sucesión al trono detrás de sus dos sobrinas, la princesa Leonor y la infanta Sofía; de su hermana mayor la infanta Elena, y de los dos hijos de ésta Felipe Juan Froilán y Victoria (el varón tiene preferencia sobre la mujer aunque ésta sea mayor).
