Una sala de Apelaciones de Guatemala suspendió hoy el traslado del exdictador José Efraín Ríos Montt a un psiquiátrico para evaluar si es mentalmente capaz de afrontar un nuevo juicio por genocidio y ordenó designar otro centro asistencial que cuente "con equipo médico y personal calificado".
En su resolución, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones otorga plazo de una hora al Tribunal B de Mayor para que busque una alternativa para el traslado de Ríos Montt, que en principio sería internado en el hospital público Carlos Federico Mora.
Uno de los abogados defensores, Jaime Hernández, dijo este miércoles a Efe que Ríos Montt será llevado al Centro Médico Militar, ubicado en el este de la capital.
El amparo provisional, firmado por la presidenta de la sala Benicia Contreras Calderón, asegura que esta resolución tiene como fin el "resguardo de la vida" del octogenario militar retirado, que afronta un nuevo juicio por genocidio por la matanza de mil 770 indígenas durante su gobierno de facto (1982-1983).
Hoy mismo el Ministerio Público (MP) había recibido una notificación para proceder "de manera inmediata" a la movilización del exgeneral golpista, de 89 años, al hospital público, ubicado en la zona 18.
La resolución hecha pública este tarde argumenta que "es notorio" que el centro público designado por el Tribunal el pasado 23 de julio "no reúne los estándares necesarios de conformidad con investigaciones y documentos" realizados por entidades nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos.
No obstante, la sala de Apelaciones otorga un plazo de 48 horas a las partes para recurrir este amparo provisional.
Ríos Montt enfrenta un juicio por la masacre de mil 770 indígenas ixiles y mayas a manos del Ejército de Guatemala, registrado en el marco del conflicto armado interno que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
El ex jefe de facto fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y deberes contra la humanidad, pero 10 días después el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), anuló la sentencia al argumentar irregularidades en el proceso judicial.