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Por segundo día consecutivo, El Salvador enfrentó ayer un escenario de terror impuesto por las temibles maras con un masivo paro indefinido del transporte público que perjudica a millones de personas, para exigir al gobierno que acepte negociar beneficios penitenciarios y socioeconómicos a cambio de reducir la violencia, pero el poder Ejecutivo rechazó pactar y amenazó con sacar al ejército de los cuarteles y lanzarlo a las calles a combatir a las pandillas juveniles.
En la más grave crisis de inseguridad desde el final, en 1992, de 12 años de guerra civil, el presidente Salvador Sánchez Cerén advirtió: “Si es necesario desplegar la Fuerza Armada para patrullar las calles de San Salvador, lo vamos a hacer. Es una Fuerza Armada que en ningún momento se va a prestar a desestabilizar al gobierno, porque está formada en una doctrina de respeto a la institucionalidad y respeto al poder civil”.
El paro indefinido empezó el lunes porque las maras Salvatrucha y 18 exigen a los transportistas aumentar el pago por extorsiones o exponerse al asesinato de sus choferes.
La Asociación de Empresarios Autobuseros Salvadoreños (AEAS) informó a EL UNIVERSAL que ese gremio paga 33 millones de dólares al año en sobornos. “Somos las víctimas. En el fondo las maras quieren presionar al gobierno a negociar”, dijo el empresario Genaro Ramírez, presidente de AEAS.
Más de 100 rutas salieron de circulación el lunes y ayer en la capital y otras zonas. Las maras han asesinado a seis conductores en las últimas horas.
“La nueva agresión de los grupos criminales (está) basada en el terror, el miedo y el asesinato. No van a doblegar al pueblo salvadoreño”, alertó Sánchez, al anunciar que con esos grupos criminales jamás negociará y se les va a “perseguir y llevar a la cárcel”.
El portavoz oficial, Eugenio Chicas reiteró que el gobierno no pactará con las pandillas. “No hay pactos con grupos de pandillas, no hay ningún tipo de entendimiento” y lo que las autoridades policiacas harán es “profundizar los planes de seguridad”, sentenció.
Las maras, con unos 70 mil integrantes y que incluyendo a parientes superan el medio millón de salvadoreños, pretenden que el gobierno reduzca el acoso policial y militar en su contra, otorgue privilegios carcelarios a sus jerarcas y beneficios socioeconómicos a sus miembros.
El gobierno, que calificó a los mareros de terroristas, trasladó ayer a jefes pandilleros a un penal de máxima seguridad y confirmó que la orden de paro salió de las prisiones.
Los pandilleros fueron identificados como Carlos Eduardo Burgos Nuila y José Carlos Hernández Mauricio, quienes se encontraban recluidos en el centro penal de la localidad de Quezaltepeque (noroeste) y que ya se encuentran en el penal de mayor seguridad del país en el municipio de Zacatecoluca (sureste). Ambos pertenecen a la pandilla Barrio 18 Revolucionarios. También se anunció el traslado de más reos —37 en total— a otras prisiones.
La paralización recordó paros en la guerra entre el entonces guerrillero e izquierdista (y hoy partido gobernante) Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y las fuerzas militares derechistas apoyadas por la oligarquía y que dejó unos 80 mil muertos.
En paz desde 1992, El Salvador contabilizó más de 50 mil homicidios del 1 de enero de 1999 al 30 de junio de 2015 por violencia criminal.
Con una rivalidad a muerte, las maras emergieron en la década de 1980 en las calles de California entre centenares de miles de centroamericanos que emigraron a Estados Unidos para huir de las guerras en Centroamérica y hace más de 22 años, con su masiva deportación y hundidos en la marginación, se instalaron en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde han reproducido un aparato criminal transmitido por generaciones. Con información de agencias
