El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comenzará a liberar de los centros de detención para indocumentados a familias de inmigrantes candidatas a recibir asilo político por las peligrosas condiciones de sus países de origen, indicó hoy a Efe el portavoz del ICE, Richard Rocha.
"El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha decidido que es necesario reconsiderar la situación de las familias bajo custodia y que son elegibles para asilo político o cualquier otro tipo de alivio" , dijo Rocha, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de gestionar los centros de detención.
Con esta decisión, las autoridades migratorias de Estados Unidos dan un giro en su política migratoria al determinar que, a partir de ahora, "el ICE no detendrá a madres con hijos que no representen una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional", siempre que proporcionen una dirección de residencia real y verificable.
"Comprendemos la naturaleza sensible y única de las familias y, por eso, el ICE está evaluando los casos de las personas alojadas en los centros para familias", añadió el vocero.
Las familias serán liberadas con un estatus migratorio que les obligará a comparecer ante el juzgado para poder regularizar su situación migratoria y, si procede, solicitar asilo político alegando que no desean o no pueden volver a sus países de origen porque su vida corre peligro.
Además, las autoridades migratorias estadounidenses ofrecerán a un miembro de cada familia la posibilidad de acogerse a un Programa Alternativo a la Detención (ATD) con el que poder conocer su ubicación dentro del país y que, según organizaciones proinmigrantes, podría implicar la colocación de pulseras electrónicas.
La liberación de las familias se producirá después de meses de polémica en los centros de detención de inmigrantes con madres en huelga de hambre y más de 135 congresistas pidiendo el cierre de esos centros, a los que compararon con "cárceles" por el "grave" daño que infringen a las madres y niños internados.
En junio el secretario de Seguridad Nacional de EU, Jeh Johnson, ya anunció una reforma para reducir el tiempo que las familias de inmigrantes permanecen en los centros de detención de indocumentados del país.
Tras el anuncio de Johnson, su departamento comenzó a evaluar los casos de las familias detenidas durante más de 90 días para determinar si deben o no permanecer internadas y empezar a liberar a aquellas que han permanecido retenidas durante un mayor periodo de tiempo.
Además, el DHS tomó medidas adicionales para evaluar y garantizar el acceso a las instalaciones de abogados, trabajadores sociales, educadores y médicos, una cuestión que situó a los centros en el centro de las críticas de activistas y legisladores.
Tras llegar al poder en 2009, Obama cerró todos los centros de detención para familias inmigrantes del país, pero la oleada de indocumentados durante el último año fiscal provocó la decisión del Gobierno de volver a usar instalaciones de este tipo para disuadir nuevas llegadas.
Según datos oficiales, más de 66 mil menores de edad no acompañados y un número similar de personas en unidades familiares cruzaron la frontera sur de Estados Unidos durante ese periodo, huyendo la mayoría de la violencia y el narcotráfico en sus países de origen, sobre todo de El Salvador, Guatemala y Honduras.
En octubre pasado, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de que la detención de familias supone "una respuesta inadecuada" a una crisis humanitaria y dijo que la reapertura de estos centros es "un retroceso" en la política migratoria de EU.
Hasta el lunes 13 de julio, en el centro de detención de Berks (Pensilvania) hay internadas 71 personas; en las instalaciones de Karnes (Texas), 122, mientras que 1.979 inmigrantes permanecen en el centro del Sur de Texas, según datos del ICE.