El proyecto de ley que permitirá convocar en el Reino Unido un referéndum sobre la salida de la Unión Europea (UE) superó hoy con abrumadora mayoría su primera prueba en el Parlamento británico.
Con el voto a favor de 544 diputados por 53 en contra, la Cámara de los Comunes dio luz verde a una regulación que permitirá al primer ministro, el conservador David Cameron, convocar el plebiscito antes del fin de 2017, tras negociar con Bruselas un nuevo encaje para el país en el seno de la Unión.
El texto, que prevé trasladar a los británicos la pregunta "¿Debería el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea?", pasará ahora a una nueva fase en la que se debatirán enmiendas y cambios en cláusulas particulares.
La oposición laborista, que secunda la convocatoria de la consulta aunque hará campaña a favor de permanecer en el bloque común, defenderá revisar la primera versión de la ley para que se permita votar a los menores de 16 y 17 años.
El Partido Nacionalista Escocés (SNP) , con un peso inédito en la Cámara de los Comunes desde las elecciones del 7 de mayo, defendió por su parte que los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido puedan participar en el plebiscito, una opción que está vetada en el proyecto de ley de los conservadores.
El nacionalista Alex Salmond, principal promotor del referéndum sobre la independencia de Escocia del pasado septiembre, puso de relieve que los ciudadanos de Irlanda, Malta y Chipre residentes en el Reino Unido podrán participar en virtud de su pertenencia a la Mancomunidad de Naciones británica (Commonwealth) , al contrario que los ciudadanos del resto de países miembros de la UE.
Salmond sugirió que ese desequilibrio puede constituir un argumento de peso ante un tribunal comunitario: "¿Cómo se puede sostener que unos europeos puedan votar y otros no?" , cuestionó al ministro británico de Exteriores, Philip Hammond, que esta tarde lideró el debate para los conservadores en los Comunes.
El jefe de la diplomacia británica dijo que sería "un error" dejar participar a los comunitarios, un grupo "cuyos intereses podrían ser muy distintos a los de los británicos" .
Para Hammond, la propuesta de los nacionalistas escoceses convertiría el plebiscito en una "parodia".
El ministro de Exteriores dedicó gran parte de su intervención inicial a subrayar que su Gobierno confía en acordar con Bruselas los cambios en los tratados comunitarios que el Reino Unido pondrá sobre la mesa en las próximas semanas.
Cameron ha sugerido que aspira a reducir la libre circulación de ciudadanos entre los países de la Unión y dotar al Reino Unido de una mayor independencia judicial, si bien todavía no ha detallado las medidas concretas que pretende negociar.
En ese sentido, Hammond apuntó que en la reunión del Consejo de Europa prevista para finales de junio se conocerá con mayor detalle los planes del Ejecutivo británico.
El primer ministro se comprometió en la última campaña electoral a cerrar un acuerdo con Bruselas y convocar el referéndum antes del fin de 2017, si bien no descarta que el calendario se pueda adelantar a 2016 si las negociaciones concluyen antes de lo previsto.
Los términos de ese acuerdo serán vitales de cara a la campaña a favor y en contra de la permanencia en la UE, dado que fijarán la posición del ala más euroescéptica del Partido Conservador, que no descarta rebelarse contra Cameron y apostar por la salida de la Unión si no les complace el acuerdo con Bruselas.
Tan solo un 16 % de los británicos ha decidido que votará a favor de la permanencia, por un 12 % que defenderá la salida de la UE, mientras que entre quienes todavía no han fijado una postura definitiva, un 31 % se decanta por continuar en el bloque y un 28 % por abandonarlo, según la última encuesta.
En el debate de hoy se puso de manifiesto alguna otra discordancia en las filas conservadoras, como la del exministro de Hacienda Keneth Clarke, que expresó su preocupación por la situación en la que quedarían los 2,2 millones de británicos que viven en otros países de la Unión si el Reino Unido la abandonara.
"Si vamos a pedir cambios en tratados que nos permitan discriminar a los extranjeros europeos en nuestras leyes de empleo, el sistema fiscal y las ayudas sociales, ¿no harán ellos lo mismo contra los residentes británicos en otros países?" , cuestionó Clarke.