Este artículo fue realizado y publicado por la Redacción del diario La Prensa de Panamá y retomado por La Nación de Argentina.
El mes próximo, en la 44ª Asamblea General de la OEA, se decidirá el futuro del sistema interamericano de protección de derechos humanos para el próximo quinquenio. Y no es un tema menor si se tiene en cuenta que en países como Venezuela o Ecuador, en los cuales está en entredicho la independencia judicial, la única esperanza de sus ciudadanos es acudir al sistema internacional de protección.
En esa Asamblea, los 34 cancilleres elegirán a cuatro nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a cuatro nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión trascendental ha pasado relativamente inadvertida... Quienes sí han levantado su voz para cuestionar no sólo el proceso de elección, sino a algunos de los candidatos propuestos, han sido importantes organizaciones de derechos humanos.
En efecto, si bien países como Jamaica, Colombia y Panamá han presentado candidatos independientes y con una reconocida formación para integrar a la Comisión Interamericana, no sucede lo mismo respecto de todos los nombres propuestos para las cuatro vacantes de la Corte Interamericana. Uruguay, Argentina y Ecuador han presentado candidatos que, en menor o mayor medida, han sido cuestionados por sus actuaciones previas y, por ello, para algunos expertos no reúnen las cualidades necesarias para ser depositarios de la confianza que debe recaer sobre quienes son los encargados de proteger los derechos humanos de todos los habitantes de la región.
El uruguayo Alberto Pérez , que ya es juez de la CIDH y va por la reelección, en su país es visto como un profesor respetable. Ha mostrado además una gran solidaridad con las víctimas de graves crímenes contra la vida o la integridad cometidos bajo regímenes autoritarios del pasado. Sin embargo, ha sido notablemente condescendiente con países que en la última década han debilitado todas las garantías para el ejercicio de los derechos humanos, como Venezuela.
Otro caso de particular preocupación es el del candidato argentino, Raúl Zaffaroni, un importante autor de obras que han sido publicadas en diversos idiomas por su avanzada doctrina en materia de derecho penal.
Cuando fue nombrado juez de la Corte Suprema de Argentina, buena parte de la comunidad jurídica se alegró de que una persona con tan sólida formación llegara a ese lugar. Sin embargo, el prestigioso juez se dejó envolver por las redes de la polarización de su propio país y terminó adoptando decisiones que satisfacían más los interés políticos y su cercanía con el gobierno que los imperativos de la Justicia. Su reacción al descubrirse que muchos departamentos de su propiedad alquilados a terceras personas estaban siendo utilizados como centros de prostitución dejó un mal sabor de boca.
Pero, en opinión de no pocos analistas, el caso más preocupante es el del candidato ecuatoriano, Patricio Pazmiño, funcionario del gobierno de Rafael Correa y que nunca en toda su historia como juez ha tomado una decisión que se aparte de los designios del presidente.