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Un cercano colaborador del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina renunció ayer tras acusaciones de corrupción divulgadas por medios locales, luego de una remoción de gabinete con la que el mandatario quiere aplacar las manifestaciones que piden su dimisión a pocos meses de las elecciones.
Gustavo Martínez Luna, secretario general de la presidencia y pareja de la hija del mandatario, es la última baja en un mes en el círculo de confianza de Pérez Molina, sacudido por recientes escándalos de corrupción que llevaron a la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y varios ministros clave.
“Se ha dicho que tengo una propiedad de 72 manzanas y otro medio de comunicación dice que he incrementado mi patrimonio y que se me retiró la visa estadounidense. Para evitar este desgaste al Ejecutivo mejor renuncio”, dijo Martínez en conferencia.
Una investigación de El Periódico de Guatemala en 2014 apuntó a que el ahora ex secretario supuestamente adquirió en seis meses propiedades por 1.9 millones de dólares, cuando su salario mensual era de 3 mil 500 dólares. Martínez, ex jefe del oficialista Partido Patriota, se encargaba de los asuntos jurídicos de Pérez Molina, con quien tiene un cercano nexo personal ya que está comprometido con su hija Lissett Pérez. Además, como abogado revisaba los acuerdos gubernamentales y normativas que emanaban de la presidencia.
Los escándalos revelados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —ente auspiciado por Naciones Unidas (ONU)— apuntan a un desfalco masivo en las aduanas y en el seguro social del país y han generado una inédita oleada de protestas contra la corrupción.
Las autoridades han detenido a decenas de funcionarios implicados por las investigaciones, incluyendo al presidente del seguro social y ex secretario privado de Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, el presidente del Banco Central, Julio Roberto Suárez, y el jefe de la autoridad tributaria, entre otros.
El mandatario realizó una amplia renovación de su gabinete el mes pasado y pidió la salida de varios ministros y altos cargos señalados de irregularidades, entre ellos el ministro de Gobernación y mano derecha del presidente, Mauricio López Bonilla, y el ministro de Energía.
Sin embargo, decenas de miles de guatemaltecos tomaron el sábado por sexta semana consecutiva las calles del país para exigir la renuncia de Pérez Molina, cuyo partido ha perdido todas sus posibilidades en los comicios presidenciales del 6 de septiembre.
Algunos analistas advierten que la situación podría tornarse más inestable si aparecen nuevos escándalos que afecten al mandatario y la presión popular por su renuncia se incrementa.
Moody’s rebajó la semana pasada a “negativa” su perspectiva sobre Guatemala ante la posibilidad de que la crisis afecte la estabilidad de la mayor economía de Centroamérica. “Ya no podemos descartar que una prolongada crisis política pudiera llevar a una crisis de gobernabilidad”, dijo la agencia calificadora.
