En un intento por entorpecer el histórico proceso de reconciliación entre Estados Unidos y La Habana, un irreductible grupo de legisladores republicanos vinculados al poderoso lobby del exilio cubano presentó ayer un proyecto de ley que busca echar mano de la vieja táctica de cerrar el grifo presupuestal para dejar sin fondos la apertura de la próxima embajada en la isla.
La medida, considerada como un recurso desesperado de quienes se resisten a un pase de página entre Washington y La Habana, marca el inicio de una batalla en el seno del poder legislativo para tratar de obstaculizar el de por sí complicado proceso de normalización entre ambas naciones.
“El proyecto incluye la prohibición de fondos para una embajada u otro centro diplomático en Cuba, más allá de lo que existía antes del anuncio de diciembre del presidente de cambiar la política de EU hacia Cuba”, resume el texto de la Comisión de Asignaciones de la Cámara Baja, muchos de cuyos miembros representan los intereses del exilio cubano.
“La iniciativa también aumenta la asistencia a la democracia y la radiodifusión internacional a Cuba, e instruye al Departamento de Estado para negar la expedición de visados a los miembros de las fuerzas armadas de Cuba y el Partido Comunista”.
La iniciativa no cayó de sorpresa. “Creo que esto ya estaba dentro de los cálculos del Departamento de Estado que ya tiene de hecho una oficina de intereses que no necesita de mucha inversión para ser transformada en embajada”, consideró William LeoGrande, de la Universidad Americana y experto en las relaciones entre Cuba y EU, al restar así importancia a una iniciativa que no conseguirá descarrilar el proceso.
La mayoría republicana en la comisión incluye al legislador Mario Díaz-Balart, quien ha reiterado sus críticas al acercamiento diplomático hacia Cuba que el presidente Barack Obama inició en diciembre, por considerar que antes Cuba debe demostrar una mejora en el terreno de los derechos humanos en la isla, permitir elecciones libres y hacer realidad la entrega de fugitivos de EU que han buscado cielo seguro en la isla.
“Pienso que hemos sido muy claros en nuestros cuestionamientos con lo sucedido en Cuba con los derechos humanos, a partir de lo que ha pasado allí, y tenemos una diferencia de opinión con la administración. Creo que tenemos el derecho a expresarlo”, dijo en una conferencia de prensa el republicano por California, Kevin McCarthy, quien ha sumado fuerzas con Díaz-Balart.
La mayoría en el Congreso considera que arrinconar a Cuba con sanciones no ha surtido efecto y una mayoría de ciudadanos en Estados Unidos (56% según una encuesta realizada por The New York Times) favorece el restablecimiento de las relaciones con Cuba; 96% de los cubanos está a favor del deshielo entre Washington y La Habana.
En tanto, el subsecretario de Comercio Internacional, Stefan Selig, instó ayer a Cuba a favorecer la apertura de su mercado y realizar reformas como parte del proceso de normalización con EU. Durante una conferencia, señaló que si Cuba abre su economía e inicia las reformas necesarias, se podrá situar al nivel de otros países latinoamericanos como Chile, Colombia y Perú, que han pasado al crecimiento y la modernización económica.
